Acusación de Tráfico de Influencias en el Caso Koldo: Implicaciones en Canarias y Baleares con el Gobierno de Ángel Víctor Torres

Un giro inesperado sacudió ayer el denominado ‘caso Koldo’. La Fiscalía Anticorrupción ha basado su actuación en el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que revela las conexiones existentes en Canarias entre la presunta organización criminal y el gobierno regional socialista dirigido actualmente por el ministro Ángel Víctor Torres. A partir de la documentación escrita y grabaciones de audio proporcionadas por el chófer de José Luis Ábalos y el comisionista autoinculpado Víctor de Aldama, el Ministerio Público ha decidido acusar a ambos de tráfico de influencias. Esta acusación no se limita únicamente al archipiélago canario, ya que el fiscal ha reclamado la competencia que le ha otorgado el Tribunal Supremo para investigar los «contratos adjudicados por los Servicios de Salud Balear y Canario».

La reapertura de facto del ‘caso Koldo’ afecta por igual a los dos archipiélagos, Canarias y Baleares. En dos ocasiones distintas, el fiscal se refiere a la equiparación entre ambos territorios, destacando que la investigación abarca «los contratos de suministro de mascarillas de las administraciones autonómicas de Canarias y Baleares», así como «los posteriores contratos para el suministro de pruebas diagnósticas de covid-19». De esta forma, Ángel Víctor Torres y Francina Armengol quedan vinculados en ambos escándalos.

Baleares y Canarias, en ese orden, fueron las únicas comunidades autónomas españolas que impusieron las arbitrarias pruebas PCR para detectar la covid-19 a los residentes que regresaban por vía aérea o marítima. Este procedimiento invasivo fue declarado nulo por unanimidad por el Tribunal Constitucional. Sin excluir el suministro de mascarillas, la Fiscalía Anticorrupción considera que un elemento decisivo en la actuación de la trama fue «el suministro de pruebas diagnósticas de infección activa a los pasajeros y pasajeras que entraran en el territorio de la comunidad autónoma de Canarias procedentes del resto de España».

En la cita anterior, se puede sustituir el nombre de Baleares por Canarias sin que ello modifique el objetivo de los contratos ni el cuestionable procedimiento empleado para su adjudicación, que ahora Anticorrupción incluye en la acusación de tráfico de influencias. Al contrario, el archipiélago balear inicia un proceso de captación de voluntades que se transmite al gobierno de Torres.

La prioridad de Baleares en la introducción de las PCR vinculadas a la trama aparece reflejada precisamente en el informe de la UCO sobre Canarias. Según informó este diario el pasado miércoles, Aldama se congratulaba en un audio por el éxito de sus gestiones en Mallorca, celebrando el segundo gran negocio tras las mascarillas con un contundente «Baleares ya han dicho OK». A continuación, establecía un procedimiento en cadena al indicarle a Ignacio Díaz Tapia, responsable del laboratorio Eurofins Megalab, que debía recibir el dinero, que «yo ahora diré al de Canarias, lo voy a llamar para decirle, oye, de Baleares ya han dicho OK. Para que se ponga en marcha también él, ¿vale?».

La interacción entre Baleares y Canarias que mantiene la Fiscalía se refuerza con el funcionamiento simultáneo en ambas regiones, independientemente de que se configure como un tráfico de influencias. Aldama dio instrucciones a Díaz Tapia a principios de diciembre de 2020 tras recibir el visto bueno del Govern de Armengol. Según la UCO, el primer contrato con el gobierno de Torres se firmó el 18 de diciembre de ese mismo año, con un segundo acuerdo económico fechado en Año Nuevo.

El calendario confirma la importancia de la aquiescencia de Baleares para la trama, así como el poder que ejercían Koldo y Aldama sobre los ejecutivos autonómicos de Torres y Armengol. Con esta maniobra, y tomando como base la competencia otorgada por el Tribunal Supremo, la Fiscalía ha recuperado la competencia sobre los contratos de mascarillas y PCR que Ismael Moreno, instructor de la Audiencia Nacional, había transferido a la Fiscalía Europea.

La recuperación de la capacidad acusatoria ha venido acompañada de la solicitud de sendos interrogatorios a Víctor de Aldama y a Koldo García, ahora bajo la perspectiva de un posible delito de tráfico de influencias. Estas declaraciones, fijadas para los días 27 y 28 de noviembre respectivamente, se nutrirán sustancialmente del informe basado en Canarias, aunque Anticorrupción ha dejado claro el vínculo estrecho entre «los contratos adjudicados por los Servicios de Salud balear y canario».