Parlamento Europeo acusa a Marlaska de obstruir investigación sobre muerte de guardias civiles en Barbate: exige recuperación de unidad antidroga OCON-Sur en Cádiz y Campo de Gibraltar

Conclusiones demoledoras del informe de eurodiputados sobre la gestión gubernamental

El informe final de la misión de eurodiputados que visitó Andalucía para investigar el asesinato de los dos guardias civiles de Barbate y las condiciones en las que se enfrentan a los narcos las fuerzas policiales estatales arroja unas conclusiones demoledoras contra la gestión del Gobierno. Este documento representa un análisis exhaustivo de las circunstancias que rodearon la tragedia ocurrida en el puerto gaditano y de los recursos disponibles para que los agentes de seguridad del Estado combatan el narcotráfico en una de las zonas más peligrosas de España.

Acusaciones de obstrucción y retención de pruebas clave

El documento, aprobado en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y al que ha tenido acceso EL MUNDO, acusa al Ejecutivo socialista de «retirar pruebas clave» relacionadas con la muerte de los dos agentes, en lo que considera «una grave obstrucción a la finalidad investigadora de la misión». Se refiere el informe al hecho de que el Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, «retirara la embarcación patrullera implicada en el asesinato de Barbate» con el fin de que no pudiera ser examinada por la misión de eurodiputados. Esta acción representa, según los parlamentarios europeos, una interferencia deliberada en el proceso de investigación que buscaba esclarecer las causas y circunstancias de la muerte de los dos miembros de la Guardia Civil.

Demandas de restauración de unidades especializadas antidroga

Además, el informe solicita la «restauración o creación de unidades especializadas antidroga como la desmantelada OCON-Sur». El cuerpo de choque que operaba contra el narco en el Estrecho de Gibraltar fue disuelto por Interior 16 meses antes de que la narcolancha embistiera la embarcación en la que patrullaban los dos guardias civiles fallecidos. Esta decisión de desmantelar la unidad especializada ha sido objeto de crítica por parte de los eurodiputados, que consideran que su existencia hubiera podido prevenir la tragedia o, al menos, haber proporcionado mejores condiciones operativas para los agentes.

Reclama, asimismo, que la unidad que lo sustituya cuente con «financiación suficiente, personal estable y mandatos permanentes para operar en zonas fronterizas de alto riesgo», como el Campo de Gibraltar. Los eurodiputados subrayan la necesidad de que estas unidades especializadas dispongan de recursos económicos adecuados, de una plantilla permanente y de mandatos operativos claros y duraderos que les permitan actuar de manera efectiva en las áreas más conflictivas de la geografía española, particularmente en la zona del Estrecho donde se concentra la mayor parte de la actividad del narcotráfico.

Crítica a los ascensos de mandos responsables de la operación

También «toma nota» el organismo dependiente del Parlamento Europeo de que el Gobierno español, «en contra de la voluntad de la familia de las víctimas», ascendió en agosto de 2025 a los responsables de la operación en la que murieron los dos miembros del Instituto Armado. Esta decisión ha generado una profunda indignación entre los familiares de los fallecidos y entre los colectivos de seguridad, que ven en estos ascensos una falta de responsabilidad y una ausencia de consecuencias para quienes dirigieron una operación que resultó en la muerte de dos agentes.

Propuestas para tipificar agresiones contra fuerzas de seguridad como eurodelitos

Asimismo, insta al Parlamento Europeo, y al Consejo y la Comisión europeos a «impulsar una propuesta para incluir en la lista de eurodelitos los actos violentos contra agentes para que no queden impunes», y a «proponer una directiva que clasifique a todas las fuerzas policiales de los Estados miembros «como profesiones de alto riesgo», como ya apuntaba el informe preliminar, adelantado por este diario el pasado 2 de octubre, y ahora endurecido. Estas medidas buscan proporcionar un marco legal más robusto que proteja a los agentes de seguridad y que establezca penas más severas para quienes cometan actos violentos contra ellos, reconociendo simultáneamente el carácter de alto riesgo inherente a su profesión.

Votación en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo

Las conclusiones finales fueron aprobadas la pasada semana en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo con los 18 votos a favor del Partido Popular Europeo, Patriots y ECR, y la abstención de los dos europarlamentarios de Renew. Se emitieron diez votos contrarios, correspondientes a los socialistas europeos, los verdes y el grupo de la izquierda. Esta votación refleja una clara división política en torno a las medidas de protección policial, con una mayoría de fuerzas de centro-derecha y derecha apoyando las recomendaciones del informe.

Oposición socialista a las medidas de protección policial

Los socialistas se opusieron a las medidas que buscan blindar la protección policial tras intentar diluir este compromiso mediante la introducción de una enmienda que fue tumbada. La diputada ponente de dicha modificación, Sandra Gómez, proponía que desapareciera del texto la parte en la que se subrayaba que «las bandas criminales suponen un peligro real y acentúan la necesidad de proteger adecuadamente a los agentes de las fuerzas de seguridad (proteger a los que nos protegen) y que su profesión sea reconocida de alto riesgo a escala de la Unión». En su lugar pretendía que se incluyera una versión mucho más vaga que apostaba por «animar a la Comisión a que se evalúe la posibilidad de establecer directrices comunes de la Unión para apoyar la aplicación de la ley en las zonas de alto riesgo, incluido el reconocimiento de los riesgos específicos a los que se enfrentan [los agentes]».

Nuevo ataque de narcotraficantes en Andalucía coincide con publicación del informe

La publicación del informe final coincide con un nuevo ataque de narcotraficantes contra las fuerzas del orden en Andalucía. El pasado sábado, un policía nacional quedó en estado crítico después de que un traficante que vigilaba la nave en la que los agentes iban a desarrollar un dispositivo antidroga le disparara en el estómago con un arma de guerra. Ocurrió en Isla Mayor, Sevilla y el policía tuvo que ser trasladado a la UCI, donde fue operado. Su pronóstico es reservado. Este incidente subraya la realidad cotidiana a la que se enfrentan los agentes de seguridad en las zonas de mayor actividad del narcotráfico.

Posición de la Confederación Española de Policía

David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), lamenta que el Ministerio del Interior «mire hacia otro lado tras los asesinatos de Barbate o los tiroteos, ahora, en las calles de Sevilla». El CEP, que promovió la investigación del Parlamento Europeo a raíz de una petición formalizada en 2023 por el aumento de la violencia contra los policías y que tomó carácter de urgencia tras el asesinato de los dos guardias civiles, considera que el informe final de Europa «desenmascara al peor Gobierno sufrido por los policías y los ciudadanos, que cada día se sienten más inseguros». «Desmantelan unidades, nos dejan sin medios y, además, intentan ocultarlo», añade el portavoz del sindicato.

Crítica a la posición del Partido Socialista en Bruselas

El portavoz del sindicato policial también juzga como «incomprensible y vergonzoso» que el Partido Socialista votara «una y otra vez en contra de las propuestas presentadas por el CEP en Bruselas para reconocer la profesión como de alto riesgo y para tipificar las agresiones como eurodelitos» y celebra «el mayor respaldo histórico de Europa a la protección policial». Esta posición del sindicato refleja la frustración de los colectivos de seguridad ante lo que consideran una falta de apoyo político a sus demandas de protección y reconocimiento profesional.