El Constitucional de Portugal tumba parte de la reforma de la nacionalidad pactada por el Gobierno con la ultraderecha

El alto tribunal frena el giro más duro de la política migratoria lusa

El Tribunal Constitucional de Portugal ha anulado varios artículos clave de la reciente reforma de la ley de nacionalidad, uno de los pilares del endurecimiento migratorio negociado entre el Gobierno conservador de Luís Montenegro y el partido ultraderechista Chega.

El fallo supone el segundo correctivo del alto tribunal al paquete legislativo que busca restringir tanto el acceso a la ciudadanía como la permanencia de inmigrantes en el país, y cuestiona el intento de introducir sanciones penales que conllevaban la pérdida o el veto de derechos de nacionalidad.

Artículos anulados y argumentos de inconstitucionalidad

Los jueces han tumbado cuatro artículos de la reforma de la ley de nacionalidad aprobada en octubre, además de la modificación del Código Penal que permitía retirar la ciudadanía a extranjeros ya naturalizados condenados por delitos graves.

El tribunal considera que estas disposiciones vulneran principios básicos como la proporcionalidad, la necesidad penal y la igualdad, al convertir las condenas en una suerte de doble castigo que incluye la pérdida de derechos civiles y políticos.

Veto a la retirada de nacionalidad como castigo

Uno de los puntos más controvertidos era la posibilidad de que un juez pudiera retirar la nacionalidad portuguesa a personas extranjeras ya nacionalizadas si eran condenadas por delitos graves, medida que no llegaba al automatismo reclamado por Chega, pero que suponía una sanción adicional específica para este colectivo.

El Constitucional ha censurado esta fórmula al entender que rompe el principio de igualdad entre ciudadanos y crea una categoría de nacionalidad más precaria para quienes han accedido a ella por vía de naturalización.

Restricciones a nuevos solicitantes de ciudadanía

Entre los artículos anulados figura el veto a conceder la ciudadanía a quienes hubieran sido condenados a penas de prisión superiores a dos años, un umbral que el tribunal considera desproporcionado en relación con la gravedad de la sanción que implica la exclusión definitiva de la comunidad política.

También ha sido frenada la disposición que permitía excluir del proceso de nacionalización a solicitantes que se negasen a expresar adhesión a la comunidad portuguesa, sus instituciones y sus símbolos, al entender que se trata de un requisito ambiguo y susceptible de usos discriminatorios.

Origen político de la reforma y rol de la ultraderecha

La reforma de la ley de nacionalidad fue aprobada con alrededor del 70% de los votos del Parlamento luso, dominado en esta legislatura por fuerzas de derechas, pero fue sobre todo el resultado de una negociación entre el Partido Social Demócrata (PSD), principal socio del Gobierno, y Chega, liderado por André Ventura.

El texto incorporaba demandas centrales de la ultraderecha, como la exigencia de que el solicitante de nacionalidad no recibiera ayudas ni subsidios en el momento de la petición y acreditara recursos suficientes para mantenerse en Portugal, reforzando un enfoque selectivo y restrictivo en materia de ciudadanía.

Impulso del Partido Socialista a la revisión constitucional

A diferencia de la anterior ley de extranjería, cuya revisión fue impulsada por el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, en esta ocasión ha sido el Partido Socialista el que solicitó al Constitucional un control previo de la reforma de nacionalidad antes de su promulgación.

El diputado socialista Pedro Delgado Alves celebró el fallo asegurando que “la lucidez jurídica ha prevalecido” y reprochó al Gobierno que haya preferido “caminar con un socio radical” para modificar una norma tan sensible como la que regula quién puede integrarse plenamente en la comunidad nacional.

Procedimiento y contrapesos institucionales

En Portugal, las leyes orgánicas como la de nacionalidad pueden someterse a control previo del Tribunal Constitucional a petición del presidente, del primer ministro o de al menos una quinta parte de los 230 diputados, lo que permite bloquear la entrada en vigor de reformas cuestionadas hasta que haya pronunciamiento judicial.

Mientras el tribunal no se pronuncia, el jefe del Estado mantiene en suspenso la promulgación y puede, en función del fallo, vetar el texto o exigir su modificación, un mecanismo que en los últimos meses se ha revelado clave para frenar las iniciativas migratorias más polémicas del Ejecutivo de Montenegro.

Un paquete más amplio de endurecimiento migratorio

La reforma de la nacionalidad forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno luso para endurecer su política migratoria, que incluye ya cambios en la ley de extranjería para dificultar la reagrupación familiar y el acceso a permisos de residencia.

El Ejecutivo prepara además una tercera gran norma, la llamada ley del retorno, destinada a agilizar la expulsión de inmigrantes en situación irregular y a alargar los periodos de internamiento, consolidando un giro que alinea a Portugal con los sectores más duros de la política migratoria europea.

La futura ley de devolución de inmigrantes

El anteproyecto de ley de retorno, actualmente en consulta pública, prevé que las personas sin papeles puedan ser internadas hasta 18 meses en centros de detención, frente al límite actual de dos meses, para garantizar que las órdenes de deportación se ejecutan antes de que salgan de estas instalaciones.

El texto también elimina la figura del retorno voluntario y establece que la presentación de recursos no suspenderá automáticamente las expulsiones, aunque Portugal se mantiene, por ahora, al margen de la idea de externalizar centros de internamiento en terceros países como proponen otros gobiernos europeos.

Impacto político y proyección para España

El choque entre el Tribunal Constitucional portugués y el Gobierno conservador, presionado por la ultraderecha, abre un escenario de tensión institucional que puede tener efectos en el debate político en España, donde también se discute el equilibrio entre control migratorio y respeto a los derechos fundamentales.

La sentencia refuerza el papel de los tribunales constitucionales como dique frente a reformas que buscan condicionar la ciudadanía a criterios punitivos o socioeconómicos, un asunto de especial relevancia en países de la UE sometidos a discursos crecientemente duros sobre inmigración.

“Afortunadamente, la lucidez jurídica ha prevalecido hoy, esperamos que la lucidez política prevalezca también en el futuro”, declaró el diputado socialista Pedro Delgado Alves tras conocerse el fallo del Constitucional portugués.

Claves de la nueva ley de nacionalidad frenada

El proyecto del Gobierno de Montenegro alargaba de siete a diez años el plazo de residencia exigido para optar a la nacionalidad portuguesa, además de imponer exámenes de lengua y cultura que elevaban las barreras de entrada a la ciudadanía.

Tras el pronunciamiento del Constitucional, el Ejecutivo se ve obligado a rehacer los preceptos anulados si quiere mantener el resto de la arquitectura de la reforma, en un contexto en el que Chega insistirá previsiblemente en volver a llevar al límite las restricciones migratorias