Pedro Sánchez entra en 2026 con una decena de frentes judiciales abiertos o en fase avanzada, un entramado de causas que puede afectar a su familia, a la cúpula del PSOE y a la imagen del propio Gobierno. Las investigaciones se encuentran en distintos momentos procesales, desde diligencias iniciales bajo secreto hasta juicios ya señalados, lo que garantiza que la presión judicial se prolongará más allá de este año.
Este escenario convierte la agenda de tribunales en un factor central de la política nacional, en un contexto en el que la oposición pretende capitalizar cada avance procesal y el PSOE intenta contener el desgaste mediático y parlamentario. La combinación de macrocausas por corrupción, procedimientos por prevaricación y piezas sobre financiación interna dibuja un mapa de riesgos que alcanza a varios niveles del poder socialista.
El ‘caso Koldo’ y la obra pública en el Supremo y la Audiencia
El primer gran hito de 2026 será el juicio en la Sala Penal del Tribunal Supremo por la trama de mascarillas, conocida como ‘caso Koldo’, en la causa especial 20775/2020. El ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos afronta una petición de alrededor de 24 años de prisión por delitos como organización criminal, cohecho, malversación, tráfico de influencias e información privilegiada, mientras que su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se enfrentan también a elevadas penas.
En paralelo, el magistrado del Supremo Leopoldo Puente mantiene viva una pieza separada sobre presuntos amaños de obra pública vinculados al entorno de Santos Cerdán, con varias licitaciones bajo la lupa y directivos de grandes empresas como Acciona en el foco. En la Audiencia Nacional, el Juzgado Central de Instrucción 2 continúa la investigación sobre el resto de partícipes en la trama, incluida la empresa Soluciones de Gestión, así como derivadas en Adif, Baleares y Canarias que podrían salpicar a antiguos responsables autonómicos.
Ferraz, financiación del PSOE y el foco sobre los pagos en efectivo
Una de las investigaciones más sensibles políticamente es la pieza secreta abierta en la Audiencia Nacional sobre los movimientos de efectivo en la sede del PSOE en Ferraz, a partir de indicios remitidos desde el Supremo. El juez de la Audiencia ha recibido de la Guardia Civil una memoria portátil con todos los pagos en efectivo del partido en la etapa de Ábalos, incluidos los que afectan a Pedro Sánchez, mientras la UCO analiza la documentación en busca de posibles indicios de financiación irregular.
El PSOE ha intentado contrarrestar la sospecha encargando una auditoría externa que concluye que no hubo irregularidades, pero ese informe no tiene efectos en la instrucción, que depende del criterio del juez y de los informes policiales. Las acusaciones populares, entre ellas PP y Vox, no tienen acceso a los detalles de los pagos por la reserva acordada por el instructor, lo que añade opacidad pero no reduce el potencial impacto de eventuales hallazgos.
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Fraude de hidrocarburos y la batalla contra UCO y Anticorrupción
El llamado ‘caso hidrocarburos’, en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, investiga una trama de fraude de IVA conectada con el ‘caso Koldo’ que habría destinado importantes recursos a comprar influencia política. Los investigadores analizan si hubo contraprestaciones a cargos de los ministerios de Industria y Transición Ecológica a cambio de facilitar autorizaciones para operar en el mercado mayorista de combustibles.
De forma paralela, la figura de Leire Díez, ex concejal socialista y empleada en empresas de la SEPI como Enusa y Correos, ha derivado en una causa en el Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, donde se indaga su intento de obtener información para desacreditar a la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción. La propia Díez admitió una reunión en Ferraz con Santos Cerdán y Antonio Hernando en plena crisis por el ‘caso Begoña’, mientras el juez la investiga también en una causa secreta de la Audiencia Nacional sobre operaciones ligadas a la SEPI y rescates empresariales como el de Tubos Reunidos.
El juicio al hermano del presidente
Otro de los focos de 2026 será el proceso contra David Sánchez, hermano del presidente, en la Audiencia Provincial de Badajoz, por la creación de plazas presuntamente a medida en la Diputación provincial. El juicio está señalado para el 28 de mayo del 2026, con previsión de prolongarse varios días, y la acusación popular solicita unos tres años de prisión por prevaricación y tráfico de influencias para él y para el ex presidente de la Diputación y líder socialista extremeño Miguel Ángel Gallardo.
La estrategia de otorgar a Gallardo un aforamiento, ya sea como diputado autonómico o como senador, podría terminar desplazando la causa al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura o incluso al Tribunal Supremo, reconfigurando tanto los tiempos como el impacto político del procedimiento. El caso se ha convertido en símbolo del desgaste que provoca en la figura del presidente la judicialización de decisiones de aparente favoritismo dentro de la administración territorial.
El ‘caso Begoña’ y la proyección sobre La Moncloa
La investigación sobre la esposa del presidente, Begoña Gómez, en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, sigue abierta en tres líneas principales que combinan posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación. El juez examina su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés y las cartas de recomendación dirigidas a la entidad pública Red.es, las condiciones de su cátedra en la Universidad Complutense y el uso de recursos de la asesora de Moncloa para actividades privadas.
Se trata de la causa que llevó a Sánchez a anunciar un periodo de reflexión de cinco días en 2024, y su evolución se considera clave para el propio futuro político del presidente. La instrucción, que podría desembocar en un juicio con jurado, debe concluir antes de la jubilación del magistrado Juan Carlos Peinado, mientras la Audiencia de Madrid ha respaldado en lo esencial la línea de investigación, aunque con correcciones puntuales como la exclusión del rescate de Air Europa.
Plus Ultra, Venezuela y el entorno de Zapatero
La Audiencia Nacional mantiene bajo secreto un segundo capítulo del caso Plus Ultra, centrado ahora en un supuesto blanqueo vinculado a una organización criminal relacionada con Venezuela. Entre los detenidos figuran el presidente y el consejero delegado de la aerolínea, así como el empresario Julio Martínez Martínez, muy cercano al país caribeño y con estrechos vínculos personales con José Luis Rodríguez Zapatero.
Los investigadores tratan de determinar si los fondos que sustentaron el rescate público de la aerolínea o parte de la operativa empresarial procedían de actividades ilícitas y si existió algún tipo de canal privilegiado gracias a esas conexiones políticas. La relevancia de la causa radica tanto en su dimensión internacional como en la posibilidad de que afecte a la reputación de un ex presidente socialista que sigue teniendo peso interno en el partido.
La condena al ex fiscal general y el horizonte en Luxemburgo
En el plano institucional, una de las causas más avanzadas es la que afecta al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por el Supremo a dos años de inhabilitación en la causa especial 20557/2024. La sentencia es firme y su desgaste político ya se ha materializado, pero queda pendiente el recurso de amparo ante un Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido y el debate sobre un eventual indulto, una decisión siempre delicada para el Gobierno.
Por otra parte, el futuro de la Ley de Amnistía, clave para la investidura de Sánchez y la relación con el independentismo catalán, queda a la espera de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, en Luxemburgo. El abogado general ha emitido un dictamen favorable con matices, pero un revés del TJUE supondría un severo golpe político al Gobierno, mientras que una luz verde abriría una nueva fase de choque probable entre el Tribunal Constitucional, favorable a la norma, y un Supremo que ha resistido aplicarla a delitos como la malversación atribuida a Carles Puigdemont.
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