Sánchez llega a las 100 subidas fiscales desde que está en Moncloa

Un ciclo de recaudación récord y deuda disparada

Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, Hacienda ha ido encadenando nuevas figuras tributarias y aumentos de cotizaciones hasta sumar 100 subidas de impuestos y cuotas sociales a 1 de enero de 2026. Ese paquete fiscal ha permitido que el Estado ingrese unos 513.000 millones de euros extra respecto a 2018, según el balance que manejan los populares, apoyado en recaudaciones anuales récord.

Pese a este esfuerzo, la deuda pública apenas se ha visto aliviada: el pasivo del Estado se ha incrementado en torno a 507.000 millones en el mismo periodo, de modo que el refuerzo recaudatorio no se ha traducido en una reducción clara del endeudamiento. Para la oposición, esos 507.000 millones adicionales son “impuestos diferidos” que acabarán pagando las próximas generaciones en forma de más presión fiscal o menos servicios.

La subida número 100: cotizaciones y ladrillo

El arranque de 2026 trae la “vuelta de tuerca” que completa el centenar de subidas, centrada en el encarecimiento del empleo y en la fiscalidad sobre el patrimonio inmobiliario. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) escala hasta el 0,9% de la base de cotización, recargo general sobre todas las nóminas, mientras la cuota de solidaridad que grava los salarios por encima de la base máxima eleva su tipo hasta el entorno del 1,46% para los tramos más altos.

La base máxima de cotización supera ya los 5.100 euros mensuales (5.101,2), de forma que los sueldos altos y las empresas soportan una carga extra apreciable. En paralelo, se revisan al alza los coeficientes de la plusvalía municipal, lo que aumenta la factura por la transmisión rápida de viviendas y otros inmuebles en muchos ayuntamientos.

“Progresividad en frío” y pérdida de poder adquisitivo

Además de las alzas explícitas, el Ministerio de Hacienda ha optado por no deflactar los tramos del IRPF, de manera que la inflación empuja muchas nóminas a escalones superiores sin mejorar realmente su renta real, lo que el PP denomina “progresividad en frío”. Esta combinación de subida de precios y falta de ajuste del impuesto supone, de facto, una mayor tributación sin necesidad de cambiar la ley cada año.

Los cálculos difundidos por los populares apuntan a que alrededor del 80% de los ciudadanos percibe haber perdido capacidad de compra en estos años, porque los salarios han subido menos que la suma de inflación y presión fiscal. El resultado, según el análisis que cita el reportaje, es que “la renta real de los españoles sale negativa” respecto a la situación previa a la pandemia, pese al crecimiento del PIB nominal que exhibe el Gobierno.

El golpe a nóminas, pensiones y cesta de la compra

El deterioro del poder adquisitivo se aprecia en distintos colectivos: un empleado público con 40.000 euros de sueldo en 2018 habría perdido casi 6.000 euros de capacidad de compra acumulada entre 2021 y 2023, mientras que un trabajador con 18.000 euros habría visto mermados más de 2.100 euros reales. En el sector privado, una nómina de 26.000 euros soportaría una pérdida similar, alrededor de 2.281 euros, y en sueldos de 60.000 euros el “agujero” se acercaría a 5.800 euros en ese trienio.

Ni siquiera los pensionistas se han librado del ajuste: el cambio de fórmula de revalorización aplicado en 2021 dejó fuera un año de inflación disparada, de forma que un jubilado con pensión media de 18.000 euros habría perdido en torno a 1.270 euros de poder de compra real. En paralelo, la cesta de la compra se ha encarecido con fuerza y los alimentos son hoy del orden de un 40% más caros que al inicio del ciclo, con especial impacto en productos básicos.

Pobreza y exclusión: España, a la cola de la UE

El reportaje subraya el contraste entre la recaudación récord y unos indicadores sociales deteriorados: el 34,6% de los niños vive en riesgo de pobreza o exclusión social, uno de los peores registros de toda la Unión Europea según datos de Eurostat y organizaciones como EAPN y Plataforma de Infancia. España figura también entre los países con mayor tasa de pobreza infantil en informes de UNICEF, que cifran en torno a un tercio los menores afectados por carencias monetarias o materiales severas.

En el conjunto de la población, alrededor del 25,8% de los españoles se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión (indicador AROPE), lo que sitúa al país entre los peores de la UE en este ámbito. Para el PP, estos datos evidencian que el “medio billón” extra recaudado y el “medio billón” adicional de deuda no se han traducido en menos pobreza ni en servicios públicos claramente mejores.

La visión del Gobierno y la crítica de la oposición

El Ejecutivo defiende su política fiscal subrayando el crecimiento del PIB, la revalorización de pensiones y la financiación del escudo social desplegado tras la pandemia y la crisis energética. Montero sostiene que el ajuste de impuestos a grandes empresas, banca y energéticas, junto a las nuevas cotizaciones, es necesario para sostener el Estado del bienestar y la transición ecológica.

Frente a ello, voces como Juan Bravo o Alberto Núñez Feijóo acusan al Gobierno de haber llevado al país a un “infierno fiscal” con más de 80–100 subidas de impuestos y cotizaciones, mientras la deuda y el déficit siguen elevados. A su juicio, la estrategia ha consistido en “maximizar ingresos para sostener un gasto público que no deja de expandirse” sin mejoras proporcionales en acceso a vivienda, calidad de servicios o reducción de la pobreza.