La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, durante una visita institucional. Su Ejecutivo ha adjudicado 1,7 millones a una empresa que reformó la sede del PSN y está siendo investigada por troceo irregular.
El Gobierno de Navarra adjudicó 1,7 millones de euros a Adentro Construimos SL, la empresa que reformó la sede del PSN y está siendo investigada por trocear contratos públicos para evitar concursos
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, se enfrenta a una de las mayores crisis de su mandato tras revelarse que su Ejecutivo ha concedido al menos 1,7 millones de euros en contratos a una constructora investigada por presuntas irregularidades en la gestión de obras públicas. La empresa beneficiaria, Adentro Construimos SL, no solo remodeló la sede del Partido Socialista de Navarra (PSN), sino que ha acumulado decenas de adjudicaciones directas mediante el sistema de contratos menores, una práctica que la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra analiza por posible fraccionamiento indebido.
La información, a la que ha tenido acceso este medio, muestra un patrón de adjudicaciones que se extiende desde 2018 hasta 2025, periodo en el que la constructora ha recibido fondos públicos a través de sociedades dependientes del Ejecutivo foral. La trama incluye obras en emblemáticos edificios como el Palacio Baluarte, la construcción de platós de cine y actuaciones en infraestructuras municipales, todas ellas tramitadas sin concurso público mediante procedimientos que ahora están bajo la lupa judicial.
El sistema de contratos menores: una puerta giratoria
El marco legal español permite a las administraciones adjudicar obras por importe inferior a 40.000 euros sin necesidad de abrir un concurso público. Esta figura, conocida como contrato menor, fue diseñada para agilizar procesos de bajo valor, pero en la práctica se ha convertido en un mecanismo recurrente para el reparto directo de fondos. En Navarra, Adentro Construimos SL ha recibido 54 de estas adjudicaciones, que suman 460.000 euros, mientras que otros trabajos de mayor envergadura se han tramitado mediante procedimientos simplificados que también eluden la competencia abierta.
La estrategia de fragmentar grandes proyectos en múltiples contratos menores, conocida como troceo, está tipificada como irregularidad administrativa y puede constituir delito cuando se demuestra intencionalidad. Las cuatro adjudicaciones del caso Sendaviva, con importes de 197.000, 199.000 y 199.999 euros, evidencian un patrón de fraccionamiento para mantenerse por debajo del umbral legal que exige concurso, sumando casi 800.000 euros que no aparecen en el listado oficial remitido por el Gobierno.
Nasuvinsa y NICDO: las empresas públicas en el eye del huracán
Las sociedades Nasuvinsa y NICDO, integradas en la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), han sido los principales vehículos para canalizar estas adjudicaciones. Ambas entidades dependen directamente del Ejecutivo foral, que preside María Chivite, lo que convierte a la presidenta en máxima responsable política de la estrategia de contratación. La CPEN, creada para gestionar activos y promover el desarrollo económico, se ha convertido en un centro de poder discrecional que escapa en parte al control parlamentario ordinario.
El director general de la CPEN, Francisco Fernández Nistal, fue el encargado de remitir a Vox un archivo Excel con el listado de contratos, pero decidió excluir deliberadamente las adjudicaciones de Sendaviva. Esta omisión ha sido interpretada por la oposición como un intento de ocultar evidencias, lo que podría derivar en responsabilidades penales por prevaricación si se demuestra mala fe en la gestión documental.
La investigación judicial y la querella de Vox
El Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona ha abierto diligencias tras una querella presentada por Vox, que reclamó documentación completa sobre todas las adjudicaciones a Adentro Construimos SL. La respuesta del Gobierno foral, sin embargo, ha sido tajante: Chivite aseguró por escrito que no dispone de los expedientes de Sendaviva, argumentando que se trata de contratos gestionados por NICDO, aunque esta sociedad depende orgánicamente de la CPEN que ella preside.
La negativa a entregar la documentación ha intensificado la batalla legal. Fuentes del partido de Santiago Abascal advierten que persistir en esta actitud podría derivar en nuevas imputaciones por obstaculizar la justicia. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, dependiente del Gobierno foral pero con autonomía funcional, ha iniciado un análisis paralelo que ya ha detectado indicios de fraccionamiento indebido y otras irregularidades en la tramitación.
Las adjudicaciones a dedo a una empresa que reformó la sede del PSN y que está siendo investigada por trocear contratos son una muestra más de cómo el Gobierno de Chivite utiliza el dinero público para beneficio de intereses partidistas. No vamos a permitir que esto quede impune, advierten desde Vox.
La trama se expande: Ramón Alzórriz y los lazos con el PSOE
La conexión entre Adentro Construimos SL y el PSN no se limita a la reforma de su sede. La empresa también se encargó de la remodelación de un piso adquirido por Ramón Alzórriz, exportavoz socialista en el Ayuntamiento de Pamplona. El inmueble, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la capital foral, fue comprado en circunstancias que han levantado suspicacias.
Diana Enériz, pareja de Alzórriz, trabajó en Servinabar, una empresa vinculada a Santos Cerdán, ex número tres del PSOE y actualmente investigado por la Guardia Civil en otra trama de presunta corrupción. Esta red de relaciones personales y profesionales ha llevado a la oposición a hablar de puertas giratorias y de un sistema de favores mutuos que conectaría el Gobierno de Navarra con altos cargos del PSOE estatal.
El contexto político navarro
Navarra ha sido tradicionalmente un feudo del socialismo, con el PSN manteniendo una hegemonía electoral que solo ha sido cuestionada en los últimos años por l independentismo y por la derecha. La gestión de Chivite, que llegó a la presidencia gracias a un pacto con Geroa Bai y Podemos, se ha caracterizado por un estilo de gobierno que combina políticas progresistas con una gestión económica discrecional que la oposición califica de opaca.
El escándalo de los contratos a Adentro Construimos SL llega en un momento delicado para el PSN, que se prepara para las próximas elecciones autonómicas con el lastre de las investigaciones judiciales. La imagen de un partido que utiliza las empresas públicas para financiar a contratas afines podría erosionar su base electoral, especialmente en un contexto de creciente demanda de transparencia por parte de la ciudadanía.
Reacciones y consecuencias institucionales
La oposición en el Parlamento de Navarra ha exigido la comparecencia urgente de Chivite para dar explicaciones. Desde el PP y Ciudadanos se han sumado las voces críticas, pidiendo que se depuren responsabilidades políticas si se confirman las irregularidades. El Bloque de la Estefanía, por su parte, ha pedido cautela pero ha reconocido que la situación es grave y requiere máxima transparencia.
En el ámbito nacional, el caso ha llegado a la atención de la dirección del PSOE, que teme que las investigaciones en Navarra afecten a la imagen del partido en el conjunto de España. La presencia de Santos Cerdán en la trama, aunque sea tangencial, ha llevado a algunos dirigentes socialistas a poner distancia con el PSN, considerado en ocasiones un socio problemático por sus prácticas discrecionales.
La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra continúa su análisis y remitirá un informe al Parlamento foral antes de que concluya el trimestre. Mientras tanto, el Juzgado de Instrucción número 5 ha requerido a Francisco Fernández Nistal que aporte toda la documentación de NICDO, bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia si no cumple con el requerimiento judicial.
El futuro del caso y las lecciones por aprender
La trama de Adentro Construimos SL podría ser solo la punta del iceberg de un modelo de gestión público que prioriza la agilidad sobre la transparencia. Los expertos en derecho administrativo advierten que el abuso de los contratos menores es un problema estructural en muchas administraciones, que utilizan esta figura para eludir los controles de los órganos de contratación.
Para Navarra, el caso supone una prueba de fuego para sus instituciones anticorrupción. La capacidad de la Oficina de Buenas Prácticas para actuar con independencia y la firmeza del tribunal instructor serán decisivas para restablecer la confianza ciudadana. La sociedad navarra, acostumbrada a escándalos políticos menores, contempla ahora una investigación que podría alcanzar a la máxima autoridad foral.
La lección para la política española es clara: la transparencia en la contratación pública no es opcional, es un requisito democrático. Los casos como el de Chivite y Adentro Construimos SL demuestran que la falta de controles efectivos y la cultura de los favoritismos partidistas siguen presentes en las estructuras de poder, y que solo la presión judicial y política puede ponerles freno.
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