La Audiencia Provincial de A Coruña absuelve al ex responsable de seguridad de Adif condenado en primera instancia por la tragedia de Angrois, que dejó 79 muertos en 2013, y deja al maquinista como único culpable
El dolor de las familias del accidente del Alvia de Santiago se ha convertido en rabia institucional. Doce años después de la tragedia que dejó 79 víctimas mortales en la curva de Angrois, la Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto a Andrés Cortabitarte, el ex responsable de Seguridad en la Circulación de Adif que había sido condenado en primera instancia junto al maquinista Francisco José Garzón Amo. Tras revisar 108 recursos, el tribunal de segunda instancia ha dejado al conductor del tren como único culpable de una catástrofe que la plataforma de víctimas Alvia 04155 considera fruto de negligencias compartidas y decisiones políticas que nunca se han investigado con independencia.
Las víctimas han convocado concentraciones simultáneas frente a la Audiencia Provincial coruñesa y ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Madrid, denunciando que «después de más de 12 años seguimos sin justicia y sin una investigación independiente como exige Europa». Su mensaje es claro y desesperado: «Sin justicia y sin verdad, las tragedias se repiten». Una afirmación que cobra especial relevancia tras el reciente accidente de Adamuz (Córdoba), que ha dejado 45 fallecidos y ha reabierto el debate sobre la seguridad ferroviaria en España.
La sentencia que reabre las heridas
En julio de 2024, el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela condenó tanto al maquinista como a Cortabitarte, reconociendo así una responsabilidad compartida en el siniestro. La jueza de primera instancia argumentó que «resulta incomprensible que se conciba una línea de Alta Velocidad sin los sistemas de protección» y que Adif había incumplido las normas europeas al permitir la desconexión del sistema de frenado automático ERTMS en la curva de Angrois.
Sin embargo, la Audiencia Provincial ha tumbado esta sentencia, absolviendo al directivo de Adif y dejando al maquinista como único responsable. Para las víctimas, esta resolución no solo perpetúa una injusticia, sino que consolida un patrón sistemático de protección institucional a las empresas públicas implicadas. «El Estado descarrila y premia a quien lo protege», denuncian, señalando que la maquinaria judicial y política ha trabajado durante años para «echar toda la culpa al último eslabón de la cadena».
El informe europeo que España ignoró
El ex director de seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea, Christopher Carr, declaró en el juicio que la normativa comunitaria «obligaba a evaluar el riesgo» en la curva de Angrois, una responsabilidad que correspondía exclusivamente a Adif. Carr fue contundente: el riesgo «no se percibió y no se mitigó», y la aprobación de la desconexión del ERTMS sin sistemas alternativos de protección fue una negligencia flagrante.
Este testimonio coincide con las conclusiones del único perito «insaculado» del juzgado, es decir, nombrado por sorteo y sin vínculos con las partes, que también atribuyó responsabilidades compartidas. Para las víctimas, estas tres voces independientes (la jueza de primera instancia, el perito neutral y la Agencia Europea) contrastan radicalmente con las instituciones españolas, que han actuado de manera coordinada para exculpar a Adif.
La trama del encubrimiento institucional
La plataforma de víctimas no se limita a criticar la sentencia judicial. Su denuncia es mucho más amplia y apunta a un sistema de encubrimiento que involucra a la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el CGPJ y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Según su análisis, todos estos organismos han antepuesto «intereses espurios a la vida y seguridad de las personas».
La Fiscalía, afirman, «no investigó y protegió a las empresas públicas implicadas», mientras que la Abogacía del Estado «trató por todos los medios de tapar las responsabilidades políticas». El CGPJ también está en el punto de mira: las víctimas recuerdan que el órgano de gobierno de los jueces cambió al primer juez instructor del caso, que había imputado a varios directivos de Adif, sustituyéndolo por otro que archivó esas líneas de investigación.
La CIAF: una comisión sin independencia
Especialmente críticas son las referencias a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que según un informe de la Unión Europea «ni fue independiente ni analizó las causas que afectaban a Adif, Renfe y Fomento». La CIAF, que debería haber sido el organismo técnico neutral encargado de esclarecer las causas del accidente, actuó en la práctica como un brazo más de las empresas públicas investigadas.
Este patrón de opacidad y protección institucional ha llevado a las víctimas a denunciar que España ha incumplido sistemáticamente las exigencias europeas de investigación independiente en accidentes ferroviarios. Mientras países como Alemania, Francia o el Reino Unido cuentan con agencias realmente autónomas, en España la CIAF depende orgánicamente del Ministerio de Transportes, el mismo que supervisa a Adif y Renfe.
PP y PSOE: culpables de la impunidad
La indignación de las víctimas se extiende al ámbito político. Tanto el Partido Popular como el PSOE, que han gobernado España desde 2013, son señalados como cómplices de la impunidad. «Se negaron a realizar la investigación independiente que exige Europa, negando que fuera Alta Velocidad para proteger la imagen internacional de España y culpabilizando al maquinista exclusivamente», denuncian desde la plataforma Alvia 04155.
El caso de José Luis Ábalos, ex ministro de Fomento actualmente en prisión provisional por el caso Koldo, ha añadido un capítulo escandaloso a esta historia. En los últimos días, Ábalos ha compartido en sus redes sociales que existía un presunto informe de la entonces comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, que criticaba duramente la seguridad ferroviaria española durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Según Ábalos, el informe no se difundió porque «preocupaba la imagen y la marca de España» y «sería nefasto para nuestra industria turística».
Es terrible, no se vela por la vida y seguridad de los viajeros. La imagen y la marca España valen más que nuestras propias vidas.
El informe Bulc: cuando el turismo vale más que las vidas
Las revelaciones de Ábalos, aunque hechas desde la posición de un imputado que busca defenderse, arrojan luz sobre las prioridades del Estado español. Si es cierto que existió un informe europeo crítico con la seguridad ferroviaria y que fue ocultado para no dañar la «marca España», estaríamos ante una de las decisiones más cínicas de la política reciente. El turismo, sector fundamental de la economía española, habría pesado más que la obligación de corregir fallos estructurales que costaron 79 vidas.
Las víctimas lamentan profundamente esta jerarquía de valores: «La imagen y la marca España valen más que nuestras propias vidas». Una frase que resume la sensación de abandono institucional que han experimentado durante más de una década de lucha por la verdad y la justicia.
Adamuz: la profecía cumplida
El reciente accidente de Adamuz, con 45 víctimas mortales, ha dado la razón trágica a las advertencias de las familias del Alvia. «Sin justicia y sin verdad, las tragedias se repiten», habían alertado. Y sus palabras se han cumplido con devastadora precisión. Las víctimas de Santiago tienen muy presente que la siniestralidad «seguirá ocurriendo si no cambian las cosas».
Especialmente hirientes han resultado las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, que tras el accidente de Adamuz afirmó que el suceso «es muy raro». Las víctimas del Alvia le han respondido con contundencia: «Cuando no se investiga de forma independiente las causas y no se depuran responsabilidades, la catástrofe se repite. No es tremendamente extraño».
Esta respuesta sintetiza el núcleo del problema: sin depuración de responsabilidades, sin cambios estructurales en la gestión de la seguridad ferroviaria y sin investigaciones verdaderamente independientes, los accidentes seguirán produciéndose. Adamuz no es una excepción ni una rareza estadística, sino la consecuencia lógica de un sistema que prioriza la imagen sobre la seguridad.
La curva de Angrois: un desastre anunciado
Para entender la magnitud de la negligencia institucional, es necesario recordar las circunstancias del accidente de 2013. El Alvia 04155 circulaba por una línea de alta velocidad que, al llegar a las proximidades de Santiago de Compostela, pasaba de estar protegida por el sistema europeo ERTMS (que controla automáticamente la velocidad) a un tramo convencional sin esos sistemas, donde el control dependía exclusivamente del maquinista.
La transición entre ambos tramos se producía justo antes de una curva con limitación de 80 km/h, después de circular a 200 km/h. Los expertos coinciden en que esta configuración era extremadamente peligrosa y que las normas europeas obligaban a instalar sistemas de protección adicionales. Sin embargo, Adif obtuvo una excepción para abrir la línea sin esas protecciones, alegando que se instalarían posteriormente.
El 24 de julio de 2013, el maquinista se despistó en el momento crítico y el tren entró en la curva a 190 km/h. El resultado fue un descarrilamiento catastrófico que dejó 79 muertos y más de 140 heridos. Las imágenes de los vagones destrozados dieron la vuelta al mundo y pusieron en entredicho el modelo español de alta velocidad.
La lucha continúa: movilizaciones y esperanza europea
Las concentraciones convocadas para este lunes 26 de enero frente a la Audiencia de A Coruña y el CGPJ en Madrid son una muestra más de la determinación de las víctimas. Pese a los años transcurridos, pese a las decepciones judiciales y políticas, no están dispuestas a rendirse. «En memoria de las víctimas, y para que no vuelva a suceder», mantienen viva su lucha.
Su última esperanza está en Europa. La Unión Europea ya ha criticado en varias ocasiones la falta de independencia de la investigación española y podría abrir procedimientos de infracción contra España por incumplimiento de las directivas sobre seguridad ferroviaria. Las víctimas confían en que la presión europea obligue finalmente al Estado español a realizar una investigación verdaderamente independiente que determine todas las responsabilidades, no solo la del maquinista.
Mientras tanto, el mensaje de las familias del Alvia resuena como una advertencia para toda la sociedad española: cuando las instituciones se dedican a proteger a los poderosos en lugar de buscar la verdad, las tragedias no solo quedan impunes, sino que se repiten. Angrois en 2013, Adamuz en 2026. ¿Cuál será la próxima curva mortal en una red ferroviaria gestionada sin transparencia ni rendición de cuentas?
