Febrero de 2026: Un mes crítico para el Ejecutivo de Pedro Sánchez entre paros y citas electorales

El Gobierno afronta un arranque de curso parlamentario marcado por la conflictividad social

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se enfrenta a uno de los periodos más complicados desde su última investidura. El mes de febrero de 2026 concentrará una serie de movilizaciones sindicales en sectores estratégicos que amenazan con paralizar servicios esenciales en toda España, justo cuando el Gobierno debe retomar la actividad parlamentaria tras el parón de enero y afrontar dos convocatorias electorales autonómicas que medirán su desgaste político.

La coincidencia temporal de huelgas en el transporte ferroviario y el sistema sanitario, sumada a las protestas anunciadas por los sindicatos de la función pública, dibuja un escenario de máxima presión social para Moncloa. Todo ello en un contexto de bloqueo presupuestario, incertidumbre judicial y un calendario electoral que pondrá a prueba la fortaleza del PSOE en dos comunidades autónomas clave.

Los maquinistas paralizan el ferrocarril durante tres días

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes (SEMAF) ha convocado una huelga sectorial para los días 9, 10 y 11 de febrero que afectará a toda la red ferroviaria española. La protesta surge como respuesta directa al deterioro de las condiciones de seguridad en la infraestructura, una denuncia que el colectivo venía realizando desde el pasado agosto sin que se adoptaran medidas correctoras contundentes.

La gota que ha colmado el vaso han sido los recientes accidentes mortales de Adamuz, en Córdoba, donde perdieron la vida 45 personas, y el de Gelida, en Barcelona, que se saldó con la muerte de un maquinista en prácticas y decenas de heridos, cinco de ellos de gravedad. Según SEMAF, estos siniestros evidencian el «deterioro de los estándares de seguridad del sistema ferroviario» y la falta de respuesta por parte de Adif y el Ministerio de Transportes ante las alertas formuladas por los profesionales.

Controversia con el ministro Óscar Puente

Las declaraciones del titular de Transportes han añadido tensión al conflicto. En una entrevista reciente, Óscar Puente restó importancia a las advertencias de los maquinistas al asegurar que «muchas» de ellas no están relacionadas con la seguridad sino con la falta de «confort en la marcha», atribuyéndolas a su «situación anímica». Estas palabras han sido interpretadas por el sindicato como un desprecio a las legítimas preocupaciones del colectivo, lo que ha endurecido aún más su postura.

Adif ha establecido restricciones temporales de velocidad en varios tramos críticos que unen Madrid con Barcelona, Valencia, Galicia y Valladolid, pero solo después de los accidentes mortales. Los maquinistas consideran que esta reacción tardía demuestra la falta de prevención y planificación en el mantenimiento de la red ferroviaria nacional.

La sanidad vuelve a la huelga indefinida por el Estatuto Marco

A la conflictividad ferroviaria se suma un nuevo frente en el sector sanitario. Los sindicatos médicos agrupados en el Comité Nacional de Huelga (CESM, OMC, CGCOM y OMEGA) han convocado paros indefinidos que arrancarán el próximo 16 de febrero y se extenderán, al menos, hasta junio. El formato elegido es contundente: una semana completa de huelga cada mes, comenzando por la del 16 al 20 de febrero.

El origen del conflicto está en el rechazo frontal al borrador de Estatuto Marco impulsado por la ministra de Sanidad, Mónica García. Los facultativos consideran que esta norma «precariza» las condiciones laborales del colectivo médico y no reconoce las singularidades de su formación, responsabilidad y desempeño profesional. Su reivindicación central es la elaboración de un estatuto específico para el personal médico, una petición que el Ministerio ha descartado hasta ahora.

Impacto en las listas de espera y servicios mínimos

Como ya ocurrió con las movilizaciones previas a las pasadas Navidades, se espera que estos paros tengan un efecto directo sobre las listas de espera quirúrgicas. Las cirugías no urgentes se verán pospuestas, aumentando la presión asistencial en un sistema sanitario que ya acumula importantes tensiones estructurales. Pese a mantener la mano tendida al diálogo, los sindicatos médicos advierten de que continuarán con las movilizaciones mientras no se retomen negociaciones serias que aborden sus demandas de manera efectiva.

Como pistoletazo de salida, el sector convocará una manifestación unitaria en Madrid el sábado 14 de febrero, dos días antes del inicio de la huelga, para visibilizar el rechazo unánime de la profesión médica a la regulación propuesta desde el Ministerio.

Funcionarios públicos presionan por las 35 horas semanales

El tercer foco de tensión social lo protagonizan los sindicatos de la función pública, que han elevado el tono de sus reivindicaciones ante el retraso en la implantación de la jornada de 35 horas. Comisiones Obreras, UGT y CSIF exigen al Gobierno que cumpla los compromisos adquiridos en 2022 y aplique la reducción horaria en febrero o, como máximo, a principios de marzo, sin esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2026.

El ministro de Función Pública, Óscar López, ha trasladado a los sindicatos que considera «más idóneo» vincular esta medida a las cuentas públicas de 2026 para otorgarle rango de ley. Sin embargo, dado que el Ejecutivo no ha presentado aún el proyecto presupuestario y se enfrenta a un escenario de bloqueo parlamentario, esta postura supone, en la práctica, un aplazamiento indefinido de una reivindicación que los empleados públicos llevan reclamando desde 2018.

Amenaza de movilizaciones inminentes

Las centrales sindicales advierten de que, si en la reunión prevista para el 28 de enero no obtienen garantías claras y un calendario concreto, emprenderán «las acciones que consideren oportunas». Esta advertencia llega en un momento delicado, justo cuando el Gobierno acaba de cerrar un acuerdo salarial que garantiza incrementos del 11% hasta 2028 para los 3,5 millones de empleados públicos. Los sindicatos entienden que no puede haber mejoras salariales sin reducción de jornada, y que ambas conquistas deben ir de la mano.

Calendario electoral y contexto político adverso

A la presión social se añade un febrero cargado de citas electorales que funcionarán como termómetro del desgaste del Gobierno. Aragón celebrará elecciones autonómicas anticipadas el próximo 8 de febrero tras la disolución del parlamento regional por el presidente popular Jorge Azcón debido al bloqueo presupuestario. Las encuestas otorgan una clara ventaja al Partido Popular, que podría alcanzar entre 25 y 29 escaños, mientras que el PSOE se situaría como segunda fuerza con entre 17 y 23 procuradores.

Apenas cinco semanas después, el 15 de marzo, será el turno de Castilla y León, donde más de dos millones de electores están llamados a las urnas. En esta comunidad, el PP también parte como favorito para renovar su mayoría, aunque necesitará el apoyo de Vox para gobernar, según reflejan los sondeos previos.

Retorno a la sesión de control en el Congreso

El primer Pleno del Congreso con sesión de control al Gobierno tras el parón de enero está previsto para el 11 de febrero, en plena huelga de maquinistas y apenas tres días antes de la manifestación médica en Madrid. Será el primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo después de dos meses sin enfrentamiento parlamentario directo, un periodo en el que se han acumulado crisis de gran calado político, económico y social.

El Gobierno llega a esta cita con un Congreso bloqueado, sin Presupuestos a la vista y con la necesidad de demostrar capacidad de gestión ante un escenario de máxima complejidad. Las decisiones sobre vivienda, transporte público y pensiones serán las principales bazas que el Ejecutivo intentará jugar para contrarrestar la presión de la oposición y de la calle.

Incertidumbre judicial e internacional

Como telón de fondo, el Gobierno continúa enfrentándose a un horizonte judicial que afecta a personas de su entorno más cercano. Las investigaciones judiciales en curso, incluido el caso que involucra a Ábalos, Cerdán y Koldo, seguirán generando titulares y alimentando el ruido mediático en los próximos meses. Por su parte, el Partido Popular tampoco estará exento de sobresaltos judiciales, con el caso *Kitchen* a punto de volver a la actualidad.

En el ámbito internacional, la situación geopolítica también añade presión. El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, las tensiones en torno a Groenlandia, la crisis en Venezuela y el debate sobre un eventual envío de tropas a Ucrania configuran un panorama exterior que complica aún más la agenda del Ejecutivo.