Febrero negro para Sánchez: familias de Adamuz rechazan homenaje estatal y exigen responsabilidades

Familias de las víctimas del accidente de Adamuz tumban el homenaje laico del Gobierno

Las familias afectadas por el trágico descarrilamiento ferroviario en Adamuz (Córdoba) han rechazado de forma mayoritaria la invitación del Gobierno a un acto de homenaje estatal en Huelva, al que señalan como responsables directos de la tragedia por negligencia en el mantenimiento de las vías.

Este suceso, ocurrido el 18 de enero de 2026, se saldó con 45 fallecidos y más de un centenar de heridos, la mayoría en el colisión entre un tren Iryo procedente de Málaga y un Alvia con destino Huelva, de cuya provincia procedían 27 víctimas. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta preliminarmente a la rotura de un carril o soldadura como causa principal, en un contexto de denuncias previas sobre el deterioro de la infraestructura.

El descarrilamiento de Adamuz: una tragedia con raíces en la falta de prevención

El accidente tuvo lugar alrededor de las 19:40 horas, cuando el último vagón del Iryo invadió la vía adyacente y colisionó con el Alvia en menos de nueve segundos, impidiendo cualquier reacción del maquinista del segundo convoy, un joven de 27 años que también perdió la vida. Entre las víctimas se encuentran trabajadores del tren como Agustín Fadón, camarero del Alvia, y familias enteras como los Zamorano Álvarez, que perdieron cuatro miembros, salvo una niña de seis años.

Los informes iniciales de la CIAF destacan la fractura en la vía como origen, posiblemente por defecto de fábrica o por desgaste acumulado sin inspección adecuada. Tres de los cuatro trenes auscultadores de Adif, encargados de detectar microrroturas, estaban inoperativos, lo que agrava las sospechas de insuficiente control preventivo en la red de alta velocidad.

Denuncias sindicales ignoradas desde agosto de 2025

Los maquinistas, a través del sindicato SEMAF, venían alertando desde el verano pasado sobre el mal estado general de las vías en España, con énfasis en tramos como el de Adamuz. Estas quejas se intensificaron tras el siniestro paralelo en Gelida (Barcelona), donde un desprendimiento de muro causó la muerte de un maquinista en prácticas y 37 heridos. Sin embargo, las medidas de Adif, como restricciones de velocidad en líneas clave, solo llegaron post-accidente, avivando la indignación colectiva.

Reacciones de las familias: ira y acusaciones directas al Ejecutivo

La respuesta de los allegados ha sido unánime en su rechazo al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Marimar, hermana de Agustín Fadón, relató cómo, tras una llamada de la Delegación del Gobierno, espetó al interlocutor: «No pienso asistir porque el Gobierno ha sido quien ha matado a mi hermano».

«Nos ha contactado el delegado de Gobierno para ver si podíamos asistir al funeral. Y le he dicho: mira, no pienso asistir porque el Gobierno ha sido quien ha matado a mi hermano».
Marimar, hermana de una víctima

Esta postura se repite en otros núcleos familiares, como los Zamorano Álvarez, cuyo abuelo denunció públicamente un «asesinato por falta de mantenimiento» y criticó la ausencia de pésame oficial incluso del Rey Felipe VI. «Este Gobierno no nos representa, ni los políticos ni los Reyes», afirmaron parientes, reflejando un duelo transformado en demanda de accountability.

En Huelva, epicentro emocional por el alto número de víctimas locales, la rabia se ha canalizado en redes sociales y contactos iniciales para formar una plataforma de afectados. Inicialmente planeaban una contramanifestación el 31 de enero, coincidiendo con el homenaje estatal propuesto, pero la suspensión gubernamental ha redirigido el foco a vías judiciales.

La vía judicial se activa: más de diez denuncias en Montoro

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Montoro (Córdoba) ha registrado ya una decena de denuncias y siete personaciones por el siniestro. Asociaciones como Liberum, Manos Limpias e Iustitia Europa se han personado como acusación popular, imputando delitos de homicidio imprudente grave, lesiones por imprudencia y contra derechos laborales a directivos de Adif y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

Vox ha presentado querella contra el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y su predecesora Isabel Pardo de Vera, solicitando citaciones del ministro Óscar Puente y el exministro José Luis Ábalos. Las familias exigen penas de hasta cuatro años por víctima, centrando la responsabilidad en la cadena de mando ministerial por omisión en inspecciones y mantenimiento.

Polémica con el ministro Puente y la oposición

Óscar Puente, titular de Transportes, acumula críticas por minimizar quejas sindicales previas, alegando en ocasiones falta de «confort» en lugar de riesgos reales. El PP ha calificado su rol de «responsabilidad directa», exigiendo dimisiones y no descartando acciones judiciales, en un clima político que vincula el suceso a la conflictividad social de febrero, con huelgas inminentes en ferrocarril y sanidad.

El funeral religioso de Huelva como alternativa popular

Frente al homenaje laico suspendido –inspirado en el de Valencia por la DANA–, las familias respaldan un acto religioso el 29 de enero en Huelva. Inicialmente previsto en la Catedral de la Merced, la masiva asistencia ha forzado su traslado al Palacio de Deportes Carolina Marín, presidido por el obispo Santiago Gómez Sierra, con presencia de la patrona Virgen de la Cinta.

Monseñor Gómez Sierra concelebrará con figuras como Luis Javier Argüello García, presidente de la Conferencia Episcopal, y José Vilaplana Blasco, obispo emérito. El Ayuntamiento y Diputación onubense organizan logística para miles de asistentes, subrayando la devoción mariana local: «En Huelva, los enfermos están en manos de la Virgen», resume el sentir popular que rechazó el formato estatal.

Contexto de crisis en el sector ferroviario español

Adamuz no es un caso aislado. El descarrilamiento en Gelida evidencia vulnerabilidades como desprendimientos por lluvias y saturación de taludes, con cinco heridos graves adicionales. La red española, pese a su extensión de alta velocidad, arrastra críticas por inversión insuficiente en mantenimiento preventivo, agravadas por temporalidades climáticas y envejecimiento de infraestructura.

Los sindicatos estiman que el 60% de los trenes auscultadores fallan crónicamente, y las alertas de maquinistas sobre soldaduras defectuosas han sido recurrentes. Este panorama alimenta la huelga de SEMAF del 9 al 11 de febrero, que podría paralizar el país en un mes ya tenso por protestas sanitarias y funcionariales.

La tragedia ha reabierto el debate sobre seguridad ferroviaria en España, con demandas de auditorías independientes y reformas urgentes. Mientras las familias claman justicia, el Gobierno pospone actos simbólicos y enfrenta un escrutinio que trasciende lo local, cuestionando la gestión de servicios esenciales en todo el territorio nacional.