La formación catalana anticipa su voto en contra a la convalidación del Real Decreto-ley de prórroga del escudo social
Junts per Catalunya ha calificado de «chantaje político» la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de incluir la revalorización del 2,7% de las pensiones de 2026 en un decreto-ley ómnibus que también prorroga el escudo social, y ha registrado una proposición de ley específica para garantizar exclusivamente esta subida con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
El Pleno del Congreso examinará este martes 27 de enero la convalidación de este Real Decreto-ley 16/2025, que combina la actualización pensionística con medidas como la prohibición de desahucios a vulnerables, la limitación de cortes de suministros básicos y la extensión de ayudas por desastres naturales, en un contexto de apoyos parlamentarios inciertos para el Ejecutivo.
El contenido del controvertido decreto ómnibus
Aprobado en el último Consejo de Ministros de 2025, el decreto establece una revalorización general del 2,7% para las pensiones contributivas y no contributivas, ligada a la inflación media de diciembre 2024-noviembre 2025, según la fórmula de la Ley 20/2021 de garantía de poder adquisitivo.
Las pensiones mínimas subirán más: hasta el 7% en algunos casos, con límites de ingresos para cuantías mínimas (9.442€ sin cónyuge a cargo, 11.013€ con él). Se actualizan bases de cotización y tablas de autónomos sin cambios respecto a 2025, prorroga el bono social eléctrico y extiende moratoria de desahucios (Real Decreto-ley 11/2020) hasta 31 diciembre 2026 para vulnerables sin alternativa habitacional, además de limitar interrupciones de agua, luz y gas.
El «escudo social» que irrita a la oposición
El paquete incluye prórrogas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ayudas a afectados por DANA e incendios, y actualizaciones en prestaciones. El Gobierno lo presenta como protección esencial en tiempos de incertidumbre económica, pero Junts lo ve como «secuestro» de la subida de pensiones para forzar apoyos parlamentarios en un texto heterogéneo.
La reacción de Junts: «Utilizan a los pensionistas como rehén»
Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ha denunciado que el PSOE «utiliza a los pensionistas como chantaje político: o aceptas todo el paquete, o perjudicas a los pensionistas». Ha calificado esta práctica de «inaceptable» e «habitual» del Gobierno, recordando que hace un año Junts, PP y Vox tumbaron un decreto similar, que quedó derogado.
«La revalorización de las pensiones es una cuestión de justicia social y no puede quedar secuestrada por decretos ley que mezclan medidas que no tienen nada que ver».
Miriam Nogueras, portavoz de Junts
Junts critica especialmente las limitaciones a desahucios por ocupación o impago, que «castigan a pequeños propietarios, muchos jubilados que necesitan el alquiler para complementar pensiones insuficientes». Su proposición de ley garantiza el 2,7% general, retroactivo al 1 enero, para contributivas, no contributivas y prestaciones clave, sin «paquetes tóxicos».
El Gobierno, sin apoyos asegurados en el Congreso
Sin mayoría propia, el Ejecutivo depende de socios como PNV, ERC, Bildu o incluso abstenciones del PP para convalidar el decreto antes del 29 enero, o decaerá. Junts anticipa su rechazo al ómnibus, priorizando su ley alternativa vía tramitación ordinaria.
El PP, por su parte, no garantiza apoyo y critica la «triquiñuela» de incluir pensiones con moratorias controvertidas. Fuentes populares admiten que la subida es «positiva» pero rechazan el formato ómnibus, similar a rechazos previos. Vox apoya esta línea dura contra «indecentes» mezclas legislativas.
Precedentes de decretos tumbados
En enero 2025, Junts + PP + Vox derribaron un decreto similar con pensiones y transporte, forzado a derogarse. Este precedente pesa: el Gobierno repite fórmula pese a riesgos, apostando por presiones públicas sobre pensionistas para condicionar votos opositores.
Contexto de la revalorización pensionística 2026
La subida del 2,7% responde a la Ley 21/2021, vinculada al IPC interanual, preservando poder adquisitivo tras años de congelaciones. Beneficiará a 10 millones de pensionistas: media contributiva subirá 66€/mes (1.308€), mínimas más (hasta 1.134€ sin cónyuge).
Se aplica desde 1 enero 2026, con efectos retroactivos en nóminas de febrero. Incluye clases pasivas estatales y se extiende a viudedad/orfandad. El Estado asume coste (4.500M€), financiado por cotizaciones y deuda pública, en un presupuesto 2026 aún bloqueado.
Junts defiende esta medida como «justicia social» pero aislada, evitando vincularla a políticas que afectan propietarios vulnerables, muchos pensionistas rurales o urbanos con rentas complementarias.
Implicaciones políticas nacionales
El pulso en el Congreso mide la fragilidad del Gobierno en 2026, año preelectoral con autonómicas en Aragón (8 febrero) y Castilla y León (15 marzo). PSOE necesita socios catalanes para presupuestos, pero Junts endurece posturas tras amnistía y indultos, condicionando apoyos a agendas soberanistas.
ERC y Bildu aún no anuncian voto; PNV, clave, prioriza pensiones vascas. Si el decreto cae, Gobierno recurriría a nuevo texto o PGE prorrogados, pero fracaso humillaría a Sánchez ante control parlamentario inminente (11 febrero).
La estrategia de Junts combina rechazo táctico con iniciativa legislativa, posicionándose como defensores de pensionistas frente a «chantajistas», en un debate que trasciende economía para tocar justicia social y vivienda en España post-DANA.
