Nuevos dispositivos telemáticos para controlar a agresores de violencia de género y sexual
El Gobierno ha dado luz verde a un nuevo contrato para renovar por completo el sistema de dispositivos telemáticos que vigila el cumplimiento de las órdenes de alejamiento en casos de violencia de género y violencia sexual en toda España. La medida, impulsada por el Ministerio de Igualdad y aprobada en Consejo de Ministros, sustituirá progresivamente las actuales pulseras por tobilleras más robustas, con mayor autonomía de batería y mayores garantías frente a intentos de manipulación.
El contrato tendrá una duración inicial de 36 meses y un presupuesto base de 71,3 millones de euros, con la posibilidad de dos prórrogas anuales hasta un máximo de cinco años, lo que elevaría la inversión total potencial hasta 111,1 millones. El objetivo declarado es reforzar la protección de las víctimas tras los fallos detectados en el sistema Cometa, que gestiona estos dispositivos y que ha sido objeto de críticas por “múltiples fallos” y su impacto en procedimientos judiciales.
De pulseras a tobilleras: cambios clave en el dispositivo
La principal novedad tecnológica es el cambio de formato: los dispositivos dejarán de colocarse mayoritariamente en la muñeca para fijarse en el tobillo del agresor. Los técnicos consideran que esta solución reduce las posibilidades de manipulación y mejora la fiabilidad de la señal y del control, al tratarse de una zona menos expuesta y más complicada de alterar sin que salte una alerta.
Las nuevas tobilleras incorporarán baterías recargables de mayor duración, lo que disminuye la necesidad de recargas frecuentes y reduce el riesgo de desconexiones por falta de energía. También estarán fabricadas con material antivandálico, tendrán mayor resistencia al agua y sumarán sensores de movimiento y temperatura corporal para detectar posibles intentos de retirada, destrucción o manipulación del dispositivo.
Geoposicionamiento autónomo, eSIM y alerta bluetooth
Entre las mejoras tecnológicas destaca la incorporación de un sistema de geoposicionamiento autónomo, que permitirá seguir localizando al agresor incluso si deja intencionadamente el teléfono móvil asociado en su domicilio. Esto supone un salto frente al modelo actual, muy dependiente del terminal telefónico para garantizar la trazabilidad de movimientos.
Las tobilleras integrarán además una tarjeta eSIM no extraíble y pantallas de cristal reforzado, con el fin de evitar cortes deliberados de comunicación o daños dirigidos a falsificar la información que se transmite al centro de control. El sistema incorporará mecanismos de seguridad avanzados para impedir la simulación o el falseamiento de datos, y añadirá una alerta adicional por bluetooth basada en la detección directa entre el dispositivo del agresor y el de la víctima, que se sumará a las actuales alertas de proximidad.
Más dispositivos y respuesta en menos de 24 horas
El nuevo contrato prevé disponer de hasta 17.660 dispositivos activos, con un stock mínimo permanente de 2.000 unidades para atender con rapidez nuevas asignaciones en todo el territorio nacional. Esta reserva permitirá que la instalación de un dispositivo se realice en cualquier punto de España en menos de 24 horas desde la orden judicial, un aspecto clave para reforzar la percepción de seguridad de las víctimas y la eficacia de las medidas de alejamiento.
Además, se garantiza que la sustitución de dispositivos averiados, dañados o manipulados se llevará a cabo también en un plazo máximo de 24 horas, mientras que la reparación técnica deberá completarse en un máximo de tres meses. Este refuerzo logístico busca evitar lapsos de protección derivados de incidencias técnicas y dar continuidad al seguimiento telemático sin interrupciones.
Los fallos del sistema Cometa y la reacción institucional
Las mejoras llegan tras los problemas acumulados en el Sistema Cometa, la plataforma que gestiona el control telemático de los agresores, y que fue señalada por la Fiscalía General del Estado en su Memoria de 2024 por “múltiples fallos”. Esos problemas habrían derivado en un número elevado de sobreseimientos y absoluciones por dificultades a la hora de acreditar la ubicación y el cumplimiento de las medidas de alejamiento.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha recordado que su departamento abrió investigaciones internas y externas para esclarecer las incidencias y solicitó información al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado, aunque aún no se han recibido todas las sentencias requeridas. En paralelo, Igualdad se comprometió a incorporar en el nuevo contrato una serie de mejoras técnicas y de gestión para evitar que se repitan esos fallos y reforzar la confianza de las víctimas en el sistema de control telemático.
Refuerzo de la Sala Cometa y atención directa a las víctimas
Otro de los pilares del nuevo contrato es el refuerzo de la Sala Cometa, el centro de monitorización encargado de supervisar las 24 horas del día el cumplimiento de las medidas de alejamiento y de coordinar las alertas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La plantilla mínima se elevará hasta al menos 151 profesionales, con nuevos perfiles técnicos, jurídicos y de coordinación para mejorar la gestión de incidencias y la calidad del servicio.
Por primera vez se habilitará un número 900 exclusivo para que las víctimas puedan comunicarse directamente con la Sala Cometa, sin tener que pasar por otros canales intermedios. Además, se incorporarán dos especialistas en psicología para atender llamadas que requieran apoyo profesional, lo que refuerza la atención personalizada en situaciones de angustia o de posible riesgo inminente.
Mejor coordinación institucional y continuidad del servicio
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género dispondrá de una aplicación de consulta en tiempo real que permitirá acceder de forma inmediata a la información relevante sobre los dispositivos y las medidas activas. Asimismo, se mejorará la interconexión con otros sistemas como VioGén, que centraliza el seguimiento de casos de violencia de género, y Lexnet, la plataforma de comunicaciones electrónicas de la Administración de Justicia, con el fin de reforzar la coordinación entre órganos judiciales, Fiscalía y fuerzas policiales.
El contrato obliga además a la empresa adjudicataria a presentar, tres meses antes de su finalización, un plan de transición y migración que garantice la continuidad del servicio sin interrupciones. De este modo se pretende evitar cambios bruscos de proveedor o de tecnología que puedan reproducir los problemas vividos en los últimos años y comprometer la protección de las víctimas.
Impacto en la protección frente a la violencia machista
España se ha consolidado en los últimos años como uno de los países europeos con sistemas más extendidos de control telemático de agresores en el ámbito de la violencia machista, y estos nuevos dispositivos buscan mantener y mejorar ese estándar. Las tobilleras antivandálicas, la geolocalización autónoma y las vías de contacto directo con la Sala Cometa pretenden reducir al mínimo los márgenes de error técnico y reforzar la capacidad de reacción ante posibles incumplimientos de las órdenes de alejamiento.
Con esta reforma, el Gobierno aspira a recuperar la confianza en un sistema que, pese a sus fallos recientes, ha sido considerado una herramienta clave para prevenir agresiones y feminicidios en casos de alto riesgo. El seguimiento de su implantación y la evaluación de resultados en los próximos años serán determinantes para valorar si las mejoras tecnológicas y organizativas se traducen en una mayor seguridad efectiva para las mujeres y otras víctimas de violencia de género y sexual en España.
“Más control, más tecnología y más personal” es la fórmula con la que Igualdad busca blindar el seguimiento telemático de maltratadores y reforzar la protección de las víctimas en todo el territorio.









