Unanimidad parlamentaria en primera votación
El Parlamento venezolano aprobó este jueves por unanimidad en primer debate el proyecto de ley de amnistía para presos políticos impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. La iniciativa legislativa, anunciada el pasado 30 de enero durante la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, abarca casos desde 1999 —año de llegada del chavismo al poder— hasta la actualidad, aunque excluye expresamente a procesados o condenados por violaciones graves de derechos humanos.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria encargada, designó una comisión especial de 19 diputados encabezada por el exministro Jorge Arreaza para someter el texto a consultas con diversos sectores de la sociedad civil. Entre los integrantes figuran Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario detenido en Estados Unidos, y la exministra del Servicio Penitenciario Iris Varela.
Llamamiento a consultas amplias y urgentes
Jorge Rodríguez instó a la comisión a actuar con celeridad porque «no tenemos mucho tiempo» y reclamó insistir en «la necesidad de sanación». El funcionario pidió que la consulta sea «profunda» e incluya a «quien tenga un testimonio» o propuesta, así como a familiares de personas privadas de libertad, los propios detenidos y «las víctimas también de los crímenes que se han cometido en todos estos años».
«Independientemente de los hechos que cometieron, me va a reconfortar cada abrazo de las personas liberadas con su madre, con su padre, con su esposa, con su familia y con sus hijos».
La legislación venezolana establece que un proyecto debe pasar por una primera discusión para exposición de motivos y evaluación de objetivos, alcance y viabilidad. Tras la fase consultiva, se estudia artículo por artículo en segundo y último debate para su aprobación definitiva.
Contexto político tras captura de Maduro
El anuncio de la amnistía llegó casi un mes después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en la madrugada del 3 de enero de 2026 en Caracas, en el marco de la operación Determinación Absoluta liderada por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. Maduro y su esposa Cilia Flores fueron extraditados inmediatamente a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y tráfico de armas ante un tribunal federal de Manhattan.
Ambos se declararon «no culpables» en su comparecencia del 5 de enero y permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn a la espera de la siguiente audiencia fijada para el 17 de marzo. Este acontecimiento marcó un punto de inflexión en la política venezolana y desencadenó un proceso gradual de excarcelaciones que comenzó el 8 de enero, casi una semana después de la captura presidencial.
Balance de liberaciones según Foro Penal
La ONG Foro Penal, organización especializada en el seguimiento de casos de presos políticos en Venezuela, contabiliza al menos 383 excarcelaciones desde el 8 de enero hasta la fecha. El director presidente de la entidad, Alfredo Romero, ha actualizado periódicamente las cifras, confirmando 30 liberaciones adicionales el pasado 4 de febrero.
Las cifras oficiales del chavismo difieren sustancialmente de las verificadas por Foro Penal. Mientras el Gobierno habla de más de 800 liberaciones, los defensores de derechos humanos habían confirmado 302 excarcelaciones hasta finales de enero. Esta discrepancia evidencia la falta de transparencia del proceso, que carece de listado oficial que permita comprobar quiénes recuperaron la libertad y bajo qué criterios.
Posicionamiento del hijo del presidente detenido
Nicolás Maduro Guerra intervino durante el debate parlamentario estableciendo un paralelismo entre su padre y el expresidente sudafricano y premio Nobel de la Paz Nelson Mandela. El diputado oficialista expresó su esperanza de que, una vez aprobada la ley, se haga política «sin violencia, sin odios, sin misiles, sin invasión militar y sin secuestro de presidentes», en clara referencia a los ataques estadounidenses del 3 de enero en suelo venezolano y a la captura de su padre junto a Cilia Flores.
Su intervención subrayó la narrativa chavista que caracteriza la operación estadounidense como un «secuestro» ilegal del jefe de Estado venezolano, rechazando la legitimidad del proceso judicial abierto en Nueva York. Esta interpretación ha sido defendida de forma sistemática por la cúpula del chavismo y constituye el eje argumental de su oposición a la extradición.
Alcance temporal y excepciones de la amnistía
El proyecto de ley cubre un período de 27 años que abarca íntegramente la era chavista, desde que Hugo Chávez asumió la presidencia en 1999 hasta 2026. Esta amplitud temporal resulta inédita en la historia política reciente de Venezuela y responde, según Delcy Rodríguez, a la voluntad de «sanar las heridas provocadas por la confrontación política» y «restaurar la justicia» en el país.
No obstante, la normativa propuesta establece una excepción fundamental: quedan expresamente excluidos de la medida quienes estén procesados o condenados por violaciones graves de derechos humanos. Esta salvedad busca evitar la impunidad en los casos más extremos, aunque el texto no precisa los criterios específicos que determinarán qué delitos quedan fuera del perdón.
La presidenta encargada manifestó que la amnistía debe contribuir a «fomentar la convivencia entre los venezolanos» y ha encargado a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática tramitar la entrega del proyecto al Poder Legislativo con carácter de urgencia. El anuncio ha generado expectación entre las familias de los detenidos, que llevan años reclamando la liberación de sus allegados.
