El empresario que alabó a Moreno Bonilla tras la tragedia de Adamuz, bajo sospecha por un festín de contratos menores del SAS

Del “ciudadano anónimo” que escribió a Sánchez al proveedor estrella del SAS

El empresario Fidel Sáenz de la Torre, autor de la carta viral a Pedro Sánchez sobre el accidente de tren de Adamuz en la que ensalzaba la gestión de Juanma Moreno, ha resultado ser un proveedor muy destacado del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a través de su empresa TextilSur Médica SL.

Desde que constituyó la compañía en plena pandemia, en junio de 2020, ha facturado casi 6,9 millones de euros con la Junta de Andalucía, de los que unos 4,9 millones han llegado mediante centenares de contratos menores que nunca superan el límite legal de 15.000 euros.

Qué ha pasado: una empresa nueva y millones en contratos sanitarios

TextilSur Médica SL nació el 4 de junio de 2020, en plena crisis del coronavirus, y se especializó en suministros sanitarios como batas, monos, mascarillas, guantes y empapadores para el SAS.

A través del mecanismo de contratación de emergencia habilitado durante la pandemia, la empresa recibió 2.196.872,75 euros en varios lotes adjudicados por el servicio de salud andaluz para cubrir necesidades urgentes de material.

Además, según los datos del Portal de Transparencia de la Junta, entre agosto de 2020 y finales de 2025 el SAS le otorgó 455 contratos menores por un importe total de 4.899.535,29 euros, siempre por debajo del umbral de 15.000 euros que permite la adjudicación directa.

Estos contratos, centrados en suministros textiles y descartables, con importes troceados y repetidos en el tiempo, son los que han levantado más sospechas sobre un posible uso abusivo de la contratación menor con un mismo proveedor.

Claves jurídicas y políticas: el “troceo” de contratos menores

La figura del contrato menor está pensada para compras puntuales y de bajo importe que no requieren un procedimiento abierto, pero su uso sistemático con el mismo proveedor y en volúmenes elevados puede esconder un fraccionamiento irregular del gasto para esquivar la concurrencia.

En el caso del SAS, el patrón descrito con TextilSur —cientos de contratos por importes cercanos al límite legal, encadenados durante años— encaja con lo que en la jerga de fiscalización se denomina “troceo” de contratos, una práctica que ya se investiga en otras provincias andaluzas.

La propia Intervención General de la Junta advirtió en su día de múltiples irregularidades en la prolongación de la contratación de emergencia por parte del Gobierno andaluz, que mantuvo este régimen excepcional tres años, pese a que el Gobierno central lo había derogado en 2021.

A esto se suma que, en Cádiz y Córdoba, juzgados de instrucción analizan de forma global la contratación menor del SAS para determinar si hubo malversación, prevaricación administrativa, falsedad documental o fraude a la Administración mediante fraccionamiento de contratos.

Investigaciones en Cádiz y Córdoba: un contexto que salpica al caso

En Cádiz, un juzgado examina el supuesto fraccionamiento irregular de cientos de contratos menores por un valor conjunto de 235 millones de euros en 2021, a raíz de una denuncia de Podemos Andalucía.

En Córdoba, el Juzgado de Instrucción 4 abrió el 11 de enero una causa sobre más de 150 contratos públicos de la Plataforma Logística Sanitaria, entonces dirigida por la actual gerente del SAS, Valle García, por posibles delitos de prevaricación, falsedad y fraude vinculados tanto a contratos menores como a contratación de emergencia.

Mientras, en Sevilla el juez ha detectado “irregularidades administrativas” en contrataciones similares, pero sin apreciar por ahora indicios penales, lo que muestra un mapa desigual de respuesta judicial ante patrones parecidos de uso intensivo de contratos menores.

La carta sobre Adamuz: elogios a Moreno y críticas a Sánchez

La polémica estalla porque Sáenz de la Torre se hizo conocido al margen de los contratos: su carta al presidente del Gobierno, difundida el 28 de enero en redes y medios, le presentaba como un ciudadano dolido por la tragedia ferroviaria de Adamuz que acusaba a Sánchez de desatención.

En esa misiva y en intervenciones en televisión, el empresario reprochaba al Gobierno central su ausencia, aseguraba que no habían recibido pésame ni llamadas y ensalzaba, en cambio, el trato de dirigentes del PP andaluz como Juanma Moreno, la alcaldesa de Huelva, la Diputación y el alcalde de Córdoba.

La revelación de que su empresa había cobrado casi siete millones del SAS entre 2020 y 2025 cuestiona la imagen de “ciudadano anónimo” sin vínculos con la Junta y reabre el debate sobre la utilización de testimonios aparentemente espontáneos que en realidad proceden de actores con intereses económicos en juego.

Para el Gobierno de Moreno Bonilla, el caso llega en un momento delicado, con la gestión de los contratos sanitarios de la pandemia bajo lupa judicial y mediática y con sospechas de trato preferente a determinadas empresas.

Por qué importa en España: contratos públicos, pandemia y credibilidad institucional

El caso TextilSur condensa varios problemas que se repiten en distintas comunidades: uso prolongado de la contratación de emergencia más allá de la fase crítica de la pandemia, abuso del contrato menor y concentración de adjudicaciones en empresas de reciente creación.

Para el lector en España, la clave está en el volumen: casi siete millones de euros a una firma nacida en 2020, con cerca de cinco millones canalizados por contratos menores troceados, en un contexto en el que la propia Junta ha sido advertida por su interventora y donde otros juzgados ya investigan patrones similares.

La combinación de negocio público intenso con la Junta y protagonismo mediático como “voz ciudadana” que respalda a Moreno Bonilla erosiona la percepción de transparencia y alimenta la sospecha de redes de afinidad entre proveedores, administración y relato político.

Además, el precedente de Cádiz y Córdoba sugiere que la línea entre irregularidad administrativa y posible delito puede depender de cómo cada juzgado interprete el fraccionamiento, por lo que no puede descartarse que prácticas análogas a las de TextilSur acaben bajo investigación formal.

Qué debe saber el lector en España

Primero, que el “ciudadano anónimo” que se convirtió en símbolo del elogio a Moreno Bonilla tras Adamuz es, en realidad, un empresario que ha recibido casi siete millones del SAS desde 2020, con un uso masivo de contratos menores al límite del umbral legal.

Segundo, que este patrón se inserta en un problema más amplio: el recurso extensivo a la contratación de emergencia y al troceo de contratos sanitarios durante y después de la pandemia, hoy bajo análisis judicial en varias provincias andaluzas.

Tercero, que el caso cuestiona la limpieza del juego político cuando se presentan como espontáneas voces que, al mismo tiempo, dependen económicamente del gobierno al que elogian, algo que afecta a la confianza ciudadana en el debate público.

Y, por último, que lo que ocurra con este y otros expedientes del SAS será una prueba de fuego para los controles institucionales en España: determinará si el uso abusivo del contrato menor se queda en reproche administrativo o se traduce en responsabilidades penales cuando hay patrones sistemáticos de fraccionamiento.