Beatriz Izquierdo: «No hay que tener miedo a bajar de los 14 años la edad de responsabilidad penal de los menores: la ley ha quedado desactualizada y los delitos no son irrelevantes ni escasos»

La divulgadora y formadora de profesores Beatriz Izquierdo, experta en Criminología y miembro del comité de 50 sabios que asesora al Gobierno en su plan integral para proteger a los menores en los entornos digitales, realiza un llamamiento urgente a bajar la edad de responsabilidad penal, actualmente fijada en los 14 años en la legislación española. La criminóloga considera que la normativa vigente se ha quedado «desactualizada» ante el incremento sostenido de hechos constitutivos de delito cometidos por niños más pequeños y menores de edad. En el libro recientemente publicado por La Esfera titulado Pero ¡qué dices, bro! ¿Cómo va a ser eso delito?, Izquierdo pide que se refuerce significativamente en los colegios e instituciones educativas la enseñanza de las leyes y el conocimiento legal entre menores.

¿Existe un aumento real de delitos cometidos por menores de 14 años?

En la última memoria oficial de la Fiscalía General del Estado, la mayoría de secciones fiscales manifiesta su alarma considerable por los delitos que cometen específicamente los menores de 14 años, comúnmente denominados como inimputables según la ley penal española. Aunque muchos de estos delitos no revisten carácter grave en apariencia, no deja de aumentar de manera constante la preocupación expresada por los fiscales respecto al despunte y aumento de la presunta intervención de estos menores en otros delitos de mayor gravedad, tales como el acoso escolar, delitos contra la libertad sexual, la violencia intrafamiliar y otros delitos cometidos a través de plataformas y redes sociales digitales.

Durante el año 2023, las causas archivadas precisamente por ser los encargados menores de 14 años, declarados inimputables por ley, alcanzaron la cifra total de 11.143 casos, representando un incremento del 45% respecto a 2022 y de un 32% respecto a 2021. Estas cifras revelan una tendencia preocupante en la comisión de delitos por parte de menores inimputables.

¿Cuáles son las razones del aumento de delitos en menores?

La Fiscalía ha expresado durante un tiempo considerable su preocupación por varios factores determinantes: la banalización progresiva de la violencia en la sociedad, la hipersexualización de nuestros menores derivada del acceso sin restricciones a contenido pornográfico en internet, y una falta crítica de autocontrol y de mecanismos efectivos para gestionar adecuadamente la frustración en edades tempranas.

Es absolutamente necesario que abordemos estas cuestiones multifacéticas y que lo hagamos desde una perspectiva preventiva para evitar que nuestros menores sean víctimas de delitos, pero igualmente importante para evitar que se conviertan en perpetradores de delitos graves. Existe un choque frontal evidente entre los valores que estamos intentando inculcar a través de la educación formal y el contenido nocivo que se están encontrando en sus habitaciones personales a través de las pantallas digitales e internet. Las habitaciones han dejado de ser un lugar verdaderamente seguro si nuestros menores están en ellas con un acceso ilimitado e incontrolado a internet, sin una previa preparación adecuada y sin un posterior y progresivo acompañamiento parental.

La banalización continua de la violencia puede provocar en los menores una inmunización progresiva ante la misma; es decir, que ni sientan ni padezcan emocionalmente ante actos violentos y que reaccionen únicamente ante determinados hechos extremadamente violentos. Un menor que se inmuniza gradualmente frente a la violencia es un menor considerablemente menos empático, pero puede ocurrir el caso contrario y paradójico: que consuma una cantidad tan elevada de violencia que emita determinados comportamientos agresivos, como pegar una paliza severa a un compañero, grabarla en video y difundirla posteriormente en redes sociales.

¿Qué medidas se toman actualmente contra los menores de 14 años que cometen un delito?

La ley que regula específicamente la responsabilidad del menor establece, en su exposición de motivos oficial, que se ha fijado los 14 años como edad mínima para poder exigir responsabilidad penal porque se entiende jurídicamente que, por debajo de esa edad, los delitos que se cometen son considerados irrelevantes o, en los casos que efectivamente causan alarma social, son muy escasos para justificar la intervención completa del aparato judicial del Estado.

Sin embargo, en opinión de Beatriz Izquierdo, la ley ha quedado desactualizada porque determinados delitos que están siendo cometidos actualmente por los menores no son ni irrelevantes ni escasos en la práctica real. Entre los ejemplos concretos menciona: una paliza a la puerta de un instituto que además se graba en video y se difunde masivamente, una agresión sexual, un homicidio, lesiones graves con consecuencias, o generar pornografía infantil a partir de la imagen no consentida de una compañera del mismo instituto.

El Ministerio Fiscal, cuando tiene conocimiento de estos actos delictivos, lo comunica formalmente a las Comunidades Autónomas (CCAA), donde los organismos especializados de protección de menores atienden a las circunstancias individuales del menor y dan lugar a distintas intervenciones administrativas.

¿Es partidaria Beatriz Izquierdo de bajar la edad de imputabilidad penal?

La respuesta es afirmativa. Izquierdo señala que en otros países europeos desarrollados la edad de responsabilidad penal es menor: en Francia el límite está fijado en los 13 años y en Reino Unido se encuentra en los 10 años. Cuando un menor llega a cometer un hecho delictivo de estas características graves, ya le hemos fallado colectivamente como sociedad, porque no se levanta de la noche a la mañana y comete la peor de las atrocidades sin antecedentes previos.

Si la realidad factual es que las cifras nos están diciendo que nuestros menores inimputables están cometiendo determinados hechos delictivos de gravedad considerable, es necesario que podamos intervenir desde la Justicia penal especializada, donde el Ministerio Fiscal y los jueces de menores velarán específicamente por el interés superior del menor.

Si a un menor con 14 años o más se le impone una medida de internamiento, cuya finalidad primordial no es castigar sino dar herramientas efectivas para la reeducación y rehabilitación, por qué vamos a privar de ese derecho fundamental a un menor que tiene, por ejemplo, 13 años y medio. Ese menor necesita ayuda especializada, y eso pasa también por que asuma completamente la responsabilidad de sus actos. No deberíamos tener miedo a bajar la edad de imputabilidad, entendiendo que esas medidas, como la amonestación formal, las prestaciones de servicios en beneficio de la comunidad, el internamiento supervisado o la libertad vigilada, van a ser genuinamente beneficiosas para su desarrollo posterior en sociedad y su reinserción social.

¿No se ponen ya esas medidas desde los servicios sociales de las CCAA?

Gran parte de las secciones de la Fiscalía critica abiertamente que no se está dando cumplimiento efectivo al plan de seguimiento especializado de los menores inimputables en los términos dispuestos legalmente en la ley. La Comunidad de Madrid tiene un programa específico para menores inimputables, que ha denominado oficialmente «menores en conflicto con la ley», pero debería existir un programa específico y similar para todos los menores en todas las comunidades autónomas.

Y, si no lo hay en todas las regiones, a Izquierdo le gustaría que determinados hechos de cierta gravedad estuvieran siempre en manos de la Fiscalía y de los jueces de menores especializados porque deben estar igualmente protegidos todos los menores de todas las comunidades autónomas sin excepción, garantizando así equidad territorial.

¿Son conscientes los menores de que sus acciones constituyen delito?

En su libro, Beatriz Izquierdo explora la problemática fundamental de que los menores cometen delitos, pero no son conscientemente conscientes de que lo son legalmente. Existe una falta crítica de asunción de responsabilidades personales. Es relativamente fácil que un menor sepa que agredir físicamente a un compañero es un acto delictivo porque les educamos en eso desde edades muy pequeñas en el sistema educativo.

Pero es prácticamente imposible que entiendan que desnudar a una compañera a través de una aplicación de inteligencia artificial pueda ser constitutivo de un delito grave de pornografía infantil o de un delito contra la integridad moral si los propios padres no se lo transmiten explícitamente en casa. A nuestros niños y niñas hay que explicarles activamente la ley. Si no les decimos que pueden ser víctimas de determinados delitos o que su conducta puede ser constitutiva de delito, es como mandarles desarmados completamente a la guerra digital.

Por primera vez en la historia, las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen pruebas documentales y digitales claras, porque los agresores se graban a sí mismos agrediendo y lo ponen en redes sociales públicamente. La falta de asunción de responsabilidades de los menores llega hasta tal punto preocupante que, en muchos casos, graban las agresiones sexuales que han cometido y las difunden masivamente, en lo que se denomina «pornografiar las agresiones». Nadie grabaría una imagen comprometedora y la compartiría ampliamente si pensara conscientemente que es la prueba definitiva para inculparse a sí mismo.

Nuestros menores viven bajo el yugo de la tiranía del «like» digital y el «like» lo reciben cuando consiguen impactar visiblemente a su audiencia online. Y como ya hay mucho contenido que impacta, tienen que dar un paso más allá para conseguir la validación social que buscan. Nos corresponde a los adultos responsablemente sacarles de su error conceptual.

¿Por qué las agresiones sexuales grupales involucran a menores más jóvenes?

En su libro, Izquierdo menciona que los autores de agresiones sexuales grupales tienen edades inferiores a las de los delitos sexuales individuales cometidos por menores. La explicación radica en que durante la adolescencia, el poder psicológico del grupo envalentona considerablemente a los individuos, les hace ser capaces de hacer algo que no harían nunca de manera individual y aislada.

Cuando se actúa en grupo coordinadamente, muchas veces se difumina y diluye el concepto claro de la responsabilidad individual por los actos propios cometidos. La mentalidad grupal puede suprimir inhibiciones personales y crear una falsa sensación de impunidad colectiva.

¿Se extiende esta falta de responsabilidades también a los adultos?

Lamentablemente sí. La criminaloga observa que nos hemos relajado en muchos aspectos sociales y hemos pensado colectivamente que todo vale en la sociedad contemporánea. Mientras se viralizan masivamente unos chupetes que están comprando adultos porque consideran que les pueden quitar el estrés o la ansiedad personales, se produce simultáneamente una hipersexualización feroz sin precedentes de nuestros menores.

Existe una paradoja preocupante: mientras los menores quieren hacerse pasar por adultos para acceder a páginas y contenidos no destinados legalmente para ellos, los adultos depredadores quieren hacerse pasar por menores para engañar y explotar a nuestros niños vulnerables.

El ordenamiento jurídico vigente impone una serie de obligaciones legales específicas a los padres, como velar por ellos y alimentarlos adecuadamente, pero también darles una educación integral, que pasa necesariamente por decirles que sus hechos tienen consecuencias legales y sociales, y que, si traspasan determinados límites establecidos, el ordenamiento jurídico les va a exigir responsabilidad penal y también se las va a exigir a ellos como padres y tutores legales.

¿Cómo valora la ley de protección de menores en entornos digitales que se tramita?

Como miembro del comité de 50 expertos que ha asesorado oficialmente al Gobierno de España, Izquierdo señala que la ley de protección de menores en entornos digitales que se está tramitando actualmente en el Congreso tiene medidas necesarias y adecuadas, pero hay que seguir trabajando intensamente para ver más modificaciones sustanciales. Considera que necesitamos más protecciones.

Por ejemplo, no debería hablarse jurídicamente de «pornografía infantil», sino específicamente de «material de explotación sexual infantil», término más preciso. Por otro lado, echo en falta que se penalicen explícitamente las aplicaciones que nacen precisamente con la finalidad de desnudar a alguien sin su consentimiento o los dibujos animados que representan a menores siendo vejados y humillados.

¿Debe reforzarse en los colegios el conocimiento de las leyes?

La respuesta es rotundamente afirmativa. A los menores hay que explicarles formalmente la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor y que absolutamente su conducta tiene consecuencias legales. Que, si se pasan determinadas líneas rojas establecidas, interviene el ordenamiento jurídico y se van a tener que enfrentar inevitablemente a un fiscal o un juez de menores, figuras considerablemente más intimidantes que una madre o un padre.

Tienen que entender claramente que su comportamiento es sancionado legalmente precisamente porque se produce un daño evidente en una víctima concreta. Es una asignatura pendiente fundamental que nos queda como sistema educativo y social.

¿Es partidaria de prohibir totalmente el móvil hasta los 16 años?

La respuesta es matizada. Izquierdo no es partidaria de decirle directamente a los padres que no pueden entregarle un dispositivo móvil a sus hijos menores, porque ellos personalmente saben mejor el nivel madurativo individual que ha alcanzado cada hijo. Pero sí cree firmemente que no hay que entregar nunca un smartphone moderno sin una preparación previa cuidadosa y posterior un progresivo acompañamiento parental constante.

¿Los padres deben revisar el contenido del móvil de sus hijos?

Los menores tienen legalmente derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen y al secreto de las comunicaciones establecidas en la Constitución, pero también tienen que ser protegidos activamente por sus padres y tutores. Y, ante la posibilidad concreta de que puedan estar siendo víctimas de un delito grave o lo estén cometiendo sin saberlo, no podemos ampararnos legalmente en que existen estos derechos fundamentales para no protegerlos eficazmente. Es un equilibrio delicado entre privacidad y protección.

¿Son los y las adolescentes más machistas que antes?

Según la observación de Izquierdo, se están viendo comportamientos machistas alarmantes en menores que definitivamente no tenían los abuelos de la generación anterior. Están usando la tecnología como un medio directo de control a sus parejas sentimentales. Se geolocalizan mutuamente las 24 horas del día y comparten sus contraseñas de redes sociales y sus conversaciones como un símbolo de confianza absoluta y de lo que creen que debe ser la transparencia en una relación adolescente. Esto está causando estragos psicológicos considerables. Es algo en lo que hemos fracasado estrepitosamente como padres y educadores.

¿Por qué son así si reciben más formación en igualdad?

Los menores están teniendo acceso descontrolado por las redes sociales a contenidos que chocan frontalmente con los valores declarados de una sociedad democrática moderna. Además, muchos adolescentes refieren hartazgo y fatiga mental ante la información y charlas que les ha podido llegar sobre igualdad de género. No es que estén desinformados sobre el tema, sino que dicen que no quieren oír una charla más sobre igualdad en el colegio y que ya les han dado muchas sin que cambien sus comportamientos. Ha llegado definitivamente el momento de buscar otra manera completamente diferente de comunicarnos con ellos. Si se imparte una charla sobre violencia de género en un instituto, al día siguiente aparece una pintada provocadora que dice «las mujeres, a la cocina», reflejando el fracaso educativo.