El Gobierno diseña una paga universal de 200 euros al mes por hijo hasta 2030 y la vincula a la lucha contra la pobreza infantil en España.

Qué ha pasado: la “prestación universal por crianza” de 200 euros

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha presentado una estrategia hasta 2030 que incluye una nueva “prestación universal por crianza” de 200 euros mensuales por cada hijo menor de 18 años. La ayuda se plantea como un derecho para todas las familias con menores a cargo que residan en España, sin límite de renta ni condición laboral, y sería compatible en principio con el Ingreso Mínimo Vital.

La medida aún no está aprobada ni tiene fecha cerrada, pero el departamento que dirige Pablo Bustinduy la sitúa como su gran apuesta de legislatura en materia social. El objetivo declarado es que llegue al 100% de las familias con hijos y que sirva para erradicar las formas más graves de pobreza infantil antes de 2030.

Claves sociales y económicas: pobreza infantil y coste estimado

Bustinduy justifica la prestación en los “niveles persistentemente altos” de pobreza infantil en España y sostiene que las evidencias internacionales apuntan a que un apoyo económico directo por hijo es una de las herramientas más eficaces para reducirla. Según el ministro, el coste económico de la pobreza infantil se estima en unos 65.000 millones de euros al año, por su impacto en peores resultados educativos, peor inserción laboral y peores indicadores de salud a lo largo de la vida.

Un estudio de Unicef y el Centro de Políticas Económicas de Esade, citado por el Gobierno, calcula que por cada 100 euros de prestación la pobreza infantil caería 3,6 puntos, lo que supondría un 11,2% menos de menores pobres (unos 270.000 niños y niñas). Si se aplicara la propuesta completa de 200 euros, la reducción llegaría a 7,1 puntos, un 22,1% menos de menores en pobreza, más de 530.000 niños.

Contexto: brecha entre hogares con y sin hijos y otras metas sociales

Los datos oficiales muestran que la presencia de hijos multiplica el riesgo de pobreza: en hogares con dos adultos sin menores la tasa es del 13,8%, mientras que en hogares con dos adultos y al menos un niño sube al 22,5%, según el indicador Arope. Para organizaciones como Unicef, esto demuestra que las familias con hijos soportan una presión económica muy superior y necesitan apoyos específicos, por lo que reclaman que la prestación no se quede en una mera promesa y venga respaldada con presupuesto suficiente.

La ayuda forma parte de un paquete de “cien metas” de la estrategia social hasta 2030, que incluye reducir la brecha salarial de género, rebajar la proporción de contratos a tiempo parcial entre mujeres, aumentar la actividad femenina, impulsar la presencia de mujeres en profesiones científicas y avanzar en la erradicación de la violencia machista. También se recogen objetivos para reforzar el acceso efectivo al Ingreso Mínimo Vital, garantizar el derecho a la vivienda, mejorar educación y sanidad, proteger a los colectivos vulnerables, combatir los discursos de odio, favorecer la inclusión de personas migrantes y asegurar el acceso a la cultura como derecho.

Qué debe saber el lector en España: plazos, límites y debate político

Por ahora, la prestación universal por crianza es una propuesta programática, no una medida en vigor: Bustinduy admite que su implantación no será inmediata y confía en que los próximos Presupuestos Generales del Estado den los primeros pasos para hacerla realidad. El éxito de la iniciativa dependerá de que se garantice una financiación estable a lo largo de la década y de que se diseñe un modelo fiscal “redistributivo, progresivo y justo” que sostenga el gasto, como reclama el ministerio.

Para las familias españolas, la medida supondría un ingreso fijo y previsible por hijo, independientemente de su situación laboral, que podría aliviar especialmente a los hogares trabajadores con ingresos bajos o medios que no acceden al IMV. En el plano político, abrirá un debate intenso sobre el coste presupuestario, su encaje con otras ayudas a familias y el equilibrio entre gasto social y estabilidad de las cuentas públicas, en un contexto en el que la pobreza infantil y la desigualdad se han consolidado como uno de los grandes retos estructurales del país.