El Gobierno limita por primera vez los intereses del crédito al consumo para frenar abusos

Un tope del 22% TAE y límites por tramos

El anteproyecto regula de forma integral el crédito al consumo, abarcando desde los préstamos personales tradicionales hasta microcréditos, tarjetas revolving y créditos rápidos ofrecidos por plataformas digitales. La gran novedad es la introducción de un límite general al coste de los préstamos: el interés máximo en términos de TAE se fijará a partir del tipo medio del crédito al consumo publicado por el Banco de España, al que se sumará un margen en función del importe.

El texto prevé que ese margen sea de 15 puntos porcentuales para créditos de hasta 1.500 euros, de 10 puntos para préstamos entre 1.500 y 6.000 euros y de 6 puntos para los superiores a 6.000 euros, con actualización trimestral de los topes. Mientras no entre en vigor el real decreto que concrete estos tramos, se establece un límite transitorio del 22% TAE para todas las nuevas operaciones de crédito al consumo, que también se aplicará a la liquidación de las tarjetas revolving ya existentes.

Golpe a los microcréditos de alto coste

La norma dedica un bloque específico a los créditos de alto coste, especialmente los micropréstamos de muy bajo importe y plazo muy corto que se han popularizado a través de plataformas digitales, con TAEs que pueden llegar o superar el 3.000%. Estos productos, dirigidos a clientes que no acceden al crédito bancario tradicional, han generado numerosos casos de sobreendeudamiento y vulnerabilidad económica.

A partir de la nueva regulación, los microcréditos deberán devolverse en un plazo mínimo de tres meses y no podrán concentrar el pago en una sola cuota, con un tipo de interés mensual máximo del 4% y una comisión máxima del 5%, limitada en todo caso a 30 euros. Además, el coste total no podrá ser superior al de un crédito a 12 meses por el mismo importe bajo el régimen general, lo que, según cálculos del Ministerio de Economía, reducirá el coste típico de un microcrédito de 300 euros de unos 103 euros a 40 euros en tres meses, o a 20 euros si se reembolsa en un mes.

Más control, transparencia y supervisión del Banco de España

El anteproyecto endurece las obligaciones de información precontractual y de publicidad para los prestamistas de alto coste, que deberán facilitar al cliente los datos esenciales del crédito con al menos 24 horas de antelación y no podrán destacar en los anuncios la rapidez o facilidad del préstamo por encima de su coste real. También se refuerza la evaluación de solvencia: las entidades deberán consultar el historial crediticio del cliente y, en el caso de los créditos de alto coste, esta consulta será obligatoria.

Solo las entidades registradas y supervisadas por el Banco de España podrán conceder créditos al consumo, lo que supone una auténtica reserva de actividad en un mercado donde hasta ahora cualquier operador podía prestar dinero. Para integrar a los actores que operaban fuera del perímetro regulatorio, se crean nuevas figuras como los Establecimientos Financieros de Crédito de Ámbito Limitado y los prestamistas de alto coste autorizados, mientras que los créditos concedidos por entidades no autorizadas serán nulos de pleno derecho.

Objetivo: prevenir el sobreendeudamiento sin frenar la competencia

La reforma se justifica por el aumento del peso del crédito al consumo, que ya ronda el 15% del endeudamiento de los hogares españoles, y por el auge de productos digitales de financiación rápida. Economía sostiene que el nuevo marco pretende anticiparse a posibles burbujas de deuda de familias vulnerables y dar reglas claras en un entorno de fuerte innovación financiera.

Al fijar límites máximos a la TAE, reforzar la transparencia y someter a todos los operadores a supervisión, el Gobierno busca equilibrar el acceso al crédito con la protección del consumidor. El anteproyecto se somete ahora a audiencia pública hasta el 30 de enero, antes de iniciar su tramitación parlamentaria, por lo que las entidades financieras, asociaciones de consumidores y otros actores podrán presentar alegaciones y propuestas de mejora.