Victoria judicial con limitado alcance práctico
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón este jueves a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí al anular la retirada de inmunidad parlamentaria que el Parlamento Europeo aprobó en marzo de 2021. La sentencia, aunque simbólica dado que ninguno de los tres ocupa actualmente escaño en la Eurocámara tras las elecciones de junio de 2024, representa un espaldarazo jurídico para el expresident fugado y su estrategia legal.
El tribunal de Luxemburgo fundamenta su decisión en un vicio de forma vinculado a la imparcialidad del procedimiento. Según el fallo, el ponente designado para instruir los suplicatorios pertenecía al mismo grupo político que Vox, formación personada en la causa del procés, y había participado en actos favorables a la detención de los independentistas. Esta circunstancia vulnera el derecho a una buena administración y las garantías de imparcialidad exigibles.
Conexión con la amnistía y lectura política de Junts
Desde el entorno de Puigdemont interpretan este pronunciamiento como un presagio favorable de cara a la sentencia pendiente sobre la ley de amnistía, que el TJUE debe resolver próximamente. Resulta especialmente significativo que cinco de los magistrados que han participado en el fallo sobre inmunidad integrarán también el tribunal que dictaminará sobre la norma de perdón impulsada por el Gobierno español.
El líder de Junts ha calificado la decisión como «una bofetada dura al Parlamento Europeo» y augura que, cuando llegue el pronunciamiento definitivo sobre la amnistía y el Tribunal Supremo levante las medidas cautelares vigentes, su formación podría reconsiderar su posición respecto al Ejecutivo socialista. Esta afirmación cobra especial relevancia tras la ruptura que Junts certificó en noviembre pasado con el PSOE, alegando desconfianza no subsanada desde el acuerdo de investidura.
Antecedentes del proceso y contexto judicial
La suspensión de inmunidad anulada ahora se remonta a la solicitud que formuló el Tribunal Supremo español para poder juzgar a Puigdemont, Comín y Ponsatí por su participación en el referéndum ilegal de octubre de 2017. Los tres políticos recurrieron ante el Tribunal General, que en julio de 2023 desestimó sus pretensiones. Sin embargo, el TJUE ha revocado ahora esa decisión de primera instancia, considerando que incurrió en errores al valorar la imparcialidad del ponente.
La Eurocámara deberá asumir no solo sus propias costas procesales, sino también las correspondientes a los tres recurrentes, mientras que el Estado español se hará cargo de las suyas. A pesar del triunfo judicial, los efectos prácticos son nulos para Puigdemont, quien permanece a la espera de resoluciones más determinantes sobre su situación penal y sobre la aplicabilidad de la amnistía.
Implicaciones para la estabilidad parlamentaria española
El cambio de tono del líder independentista abre interrogantes sobre la viabilidad de la legislatura en España. Junts posee la llave parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez, y su veto sistemático desde noviembre ha bloqueado la tramitación de diversas iniciativas legislativas. Una eventual normalización de relaciones, condicionada al desenlace judicial favorable que anticipa Puigdemont, podría desatascar la agenda del Ejecutivo y prolongar la legislatura.
«La desconfianza con la que comenzó esta relación, que dejamos por escrito en el acuerdo de investidura, no se ha subsanado», argumentó Junts al anunciar su ruptura con el PSOE.
El fallo del TJUE sobre inmunidad, más allá de su alcance jurídico limitado, se ha convertido así en un elemento político de primer orden. El expresident y su entorno lo interpretan como validación de su estrategia de internacionalización del conflicto catalán y como indicador de que la justicia europea podría cuestionar aspectos del procesamiento español.
