La empresa tecnológica que sitúa a las investigadas en reuniones físicas y telemáticas
La compañía Making Science Group SA ha remitido al juzgado documentación acreditativa de 22 reuniones celebradas entre abril de 2022 y febrero de 2024 relacionadas con el desarrollo de un software para la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva que Begoña Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. El director general de la empresa, José Antonio Martínez Aguilar, declaró ante el instructor que Cristina Álvarez estuvo presente en tres de esos encuentros: uno el 11 de enero de 2023, otro el 3 de marzo del mismo año, y un tercero el 7 de febrero de 2024.
Según consta en el escrito presentado por la mercantil al que han tenido acceso varios medios, los dos primeros encuentros se desarrollaron mediante videoconferencia y el último tuvo lugar de forma presencial en la sede madrileña de Making Science. En esta reunión presencial se planteó a la empresa continuar el desarrollo del proyecto en una segunda fase, lo que derivó en el envío de un presupuesto que, según la compañía, «no obtuvo respuesta».
El contexto de la investigación por malversación
La providencia judicial que solicita el informe a la UCO se enmarca en una pieza separada de la causa principal, en la que Gómez está siendo investigada por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Esta línea de investigación específica se centra en determinar si Cristina Álvarez, funcionaria pública de alta confianza nombrada en julio de 2018, utilizó recursos y tiempo de su cargo oficial para atender asuntos profesionales privados de la esposa del presidente del Gobierno relacionados con actividades académicas en la Universidad Complutense.
La Audiencia Provincial de Madrid avaló en diciembre de 2025 la imputación por malversación de ambas investigadas, subrayando que las conductas investigadas «parecen encajar en la figura delictiva de la malversación». En su resolución, los magistrados señalaron que la actuación de Cristina Álvarez podría ser «más propia de una amiga interesada en los asuntos lucrativos que protocolarios», cuestionando así que se tratase de labores ordinarias de gestión de agenda.
El polémico contrato público adjudicado a Making Science
Making Science fue una de las empresas que recibió un contrato público para impulsar la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense en 2024. La controversia gira en torno a si este tipo de contratos fueron gestionados con intervención indebida de personal de Moncloa en beneficio de proyectos académicos privados. La documentación aportada indica que las 22 reuniones registradas tenían carácter «eminentemente técnico» y estaban destinadas al «seguimiento del avance del proyecto», aunque la empresa reconoce que no se levantaron actas formales de dichos encuentros.
A estos encuentros asistían ingenieros, jefes de proyecto e informáticos encargados del desarrollo del software, así como representantes de otras empresas colaboradoras y personal universitario. El juez Peinado ha solicitado al resto de empresas patrocinadoras que aporten igualmente las agendas y actas de las reuniones vinculadas al desarrollo de la plataforma digital alojada en el dominio transformatsc.org.
El papel de la asesora de Moncloa en actividades privadas
La investigación judicial ha puesto de relieve la participación activa de Cristina Álvarez en la gestión de la cátedra de Begoña Gómez, una actividad de carácter privado ajena a las funciones protocolarias que oficialmente le corresponden en Presidencia del Gobierno. En una ocasión, Álvarez envió un correo electrónico a Reale Seguros en nombre de Gómez para intentar que la aseguradora mantuviese su patrocinio a la cátedra: «Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como Patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis», escribió la asesora.
Cristina Álvarez también aparece en las cadenas de correos electrónicos en las que la esposa de Pedro Sánchez abordó con la Universidad Complutense cuestiones relacionadas con el registro del software que ha motivado la imputación por apropiación indebida, así como el registro de la marca de la cátedra. Para estas comunicaciones, la asesora empleaba habitualmente un correo particular, aunque en algunas ocasiones utilizó la cuenta oficial de Moncloa incluyendo el membrete de Presidencia del Gobierno.
Otras empresas que confirman la presencia de la asesora
Making Science no es la única compañía que ha situado a Cristina Álvarez en reuniones relacionadas con el proyecto de la cátedra. Un directivo de Deloitte, otra de las empresas colaboradoras, declaró ante el juez Peinado que la asesora asistió a encuentros en la sede de la consultora en la Torre Picasso de Madrid. Juan Pedro Gravel, responsable del proyecto en Deloitte, explicó que fue la propia Begoña Gómez quien le presentó a Álvarez como «una colaboradora» suya, y que él dio por hecho que era personal de la Universidad Complutense.
Según el testimonio de Gravel, Cristina Álvarez no tenía una participación activa en esas reuniones, ya que no intervenía en el contenido técnico de los encuentros. No obstante, su mera presencia física en reuniones relacionadas con actividades privadas de Gómez mientras desempeñaba funciones oficiales en Moncloa constituye uno de los ejes de la investigación por malversación.
Las líneas de investigación que se mantienen abiertas
El juez Juan Carlos Peinado mantiene activas cuatro líneas de investigación contra Begoña Gómez. La primera se centra en el presunto tráfico de influencias a favor del empresario Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos. La segunda analiza la gestión de la cátedra y los dos másteres que Gómez codirigía en la Complutense. La tercera investiga la presunta apropiación indebida del software desarrollado por empresas privadas para dicha cátedra. Y la cuarta examina el nombramiento y las funciones de Cristina Álvarez como asesora de Gómez en Moncloa.
Además de la malversación, el magistrado investiga un posible delito de intrusismo profesional, al considerar que Begoña Gómez firmó propuestas, pliegos administrativos y documentos técnicos relacionados con el contrato con Deloitte para el desarrollo del software «sin disponer de la capacitación requerida para ello». Este extremo también forma parte del informe que deberá elaborar la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
