El PP presiona desde el Senado para el traspaso de la AP‑9 a Galicia y señala el agravio con la AP‑66 entre León y Asturias
Qué ha pasado en el Senado y qué reclama el PP
El Partido Popular aprovechará su mayoría absoluta en el Senado para sacar adelante la próxima semana una moción que exige al Gobierno central transferir a la Xunta de Galicia la titularidad de la autopista AP‑9 y la gestión de su concesión. La iniciativa es políticamente relevante pero jurídicamente no vinculante: busca forzar al Ejecutivo a mover ficha en un conflicto que lleva años enquistado entre el Parlamento gallego y las Cortes Generales.
El PP acusa a PSOE y Sumar de haber “bloqueado” en el Congreso la proposición de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia para que la AP‑9 pase a manos de la comunidad autónoma. Denuncian que la tramitación se ha alargado mediante decenas de prórrogas del plazo de enmiendas, pese a que la demanda de una “autopista gallega” sin peajes está, según los populares, muy asentada en la sociedad gallega.
Claves jurídicas: concesión en vigor, sin rescate, y el espejo de la AP‑66
La moción del PP llega después de que el Gobierno respondiera por escrito a varios senadores gallegos que el contrato de concesión de la AP‑9 “está plenamente en vigor” y, por tanto, “no procede su rescate”. Eso significa que el Estado no tiene intención de asumir el coste de finalizar antes de tiempo la concesión privada, que fue ampliada en su día y se mantiene en condiciones similares a las de otras grandes autopistas estatales.
El propio texto del PP subraya que la AP‑66, que une León y Asturias, se encuentra en una situación jurídica similar: concesión vigente y sin rescate a la vista. Al destacar este paralelismo, los populares ponen el foco en que la decisión del Gobierno de no rescatar autopistas afecta tanto a Galicia como al eje León‑Asturias, y usan ese argumento para subrayar el agravio que, a su juicio, sufre la comunidad gallega al no recibir la transferencia pedida.
Lo que reclama la moción es que, además de la titularidad de la vía, la Xunta asuma también las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión y las funciones y servicios hoy ejercidos por la Administración General del Estado. Esto implicaría que las decisiones sobre peajes, condiciones de explotación y futuras modificaciones del contrato pasarían a depender de las instituciones gallegas, dentro del marco general de la normativa estatal y europea de concesiones.
Contexto político: autopistas, peajes y demandas territoriales
La AP‑9 es el principal eje viario de Galicia, vertebra buena parte del tráfico interno y de conexión exterior, y su coste en peajes ha sido durante años uno de los caballos de batalla de la política gallega. La unanimidad del Parlamento de Galicia a favor del traspaso refleja un consenso poco habitual: tanto partidos de izquierda como de derecha han asumido que la gestión autonómica puede facilitar una política más sensible a las demandas locales, en especial la rebaja o supresión de peajes.
En paralelo, el Gobierno central ha ido descartando rescates generales de autopistas cuyas concesiones fueron ampliadas, alegando el alto impacto presupuestario y los compromisos contractuales asumidos en el pasado. Este encaje entre contratos vigentes, reivindicaciones territoriales y límites presupuestarios se repite también en otros corredores estratégicos, como la AP‑66 entre León y Asturias, donde los peajes son igualmente objeto de queja social y debate político.
En este escenario, el PP utiliza el Senado como altavoz político para señalar que, si el Ejecutivo no quiere rescatar autopistas, al menos debería facilitar que las comunidades afectadas gestionen directamente estas infraestructuras clave. La moción no obliga legalmente al Gobierno, pero incrementa el coste político de mantener congelada la tramitación en el Congreso y alimenta un relato de “bloqueo” por parte de PSOE y Sumar.
Qué implica para Galicia, León y Asturias… y qué debe mirar el lector en España
Si en el futuro se concretara el traspaso de la AP‑9 a Galicia, la comunidad ganaría capacidad para decidir sobre la política de peajes y las inversiones en la vía, aunque siempre condicionada por la concesión vigente y por su propio margen presupuestario. Para los usuarios gallegos, el debate se resume en si la gestión autonómica puede traducirse en peajes más bajos, bonificaciones específicas o, a largo plazo, un horizonte sin peajes, algo que hoy no está garantizado.
En la AP‑66, entre León y Asturias, la noticia recuerda que la situación jurídica es parecida: concesión viva y sin rescate previsto, en una autopista clave para la comunicación de la Meseta con la cornisa cantábrica. Aunque la moción se centra en Galicia, la referencia a la AP‑66 abre la puerta a que también en esta zona se reaviven las demandas de revisar peajes o rediseñar el papel de estas infraestructuras en la cohesión territorial del noroeste peninsular.
Para el conjunto de España, el caso ilustra un debate de fondo sobre cómo gestionar las grandes autopistas: si deben seguir en manos de concesionarias privadas con fuertes peajes, ser rescatadas por el Estado o transferidas a las comunidades autónomas. En un contexto de transición ecológica, transporte sostenible y limitaciones presupuestarias, la forma de financiar y gobernar estas infraestructuras será un asunto recurrente, que puede afectar tanto al bolsillo de los usuarios como al equilibrio territorial.
