El proceso extraordinario de legalización aún no ha arrancado oficialmente, pero las oficinas administrativas acumulan saturación y largas esperas desde hace días

Aluvión de trámites previos desborda servicios públicos

La medida extraordinaria de regularización migratoria anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez para más de 500.000 personas en situación irregular ha desatado un efecto dominó sobre la Administración española antes incluso de su entrada en vigor. Aunque el plazo oficial para presentar solicitudes no se abrirá hasta abril —tras finalizar la audiencia pública el 6 de febrero—, las oficinas consulares, padrones municipales y unidades de Extranjería ya enfrentan una saturación sin precedentes.

Los afectados, conscientes de que deberán acreditar su estancia en territorio español antes del 31 de diciembre de 2025 y demostrar ausencia de antecedentes penales en sus países de origen, se han lanzado a adelantar trámites para reunir documentación. Este movimiento masivo ha colapsado servicios que ya operaban al límite de capacidad, generando largas colas, esperas nocturnas y tensiones en múltiples puntos de España.

Consulado argelino de Alicante, epicentro de la crisis

El Consulado General de Argelia en Alicante se ha convertido en la imagen más visible del colapso administrativo. Centenares de personas llevan apostadas desde hace una semana en los alrededores del edificio situado en la calle Pintor Velázquez, junto al Mercado Central, con la esperanza de obtener uno de los 400 números diarios que permiten realizar gestiones. La mayoría busca otorgar poderes notariales a familiares en Argelia para que tramiten por ellos el certificado de antecedentes penales, documento imprescindible para la futura solicitud.

La Policía Nacional mantiene acordonado el perímetro desde el martes pasado para ordenar las filas y evitar altercados, después de que se denunciaran personas durmiendo en portales, enfrentamientos por el orden de llegada y prácticas irregulares como venta de citas previas. Esta oficina consular atiende a residentes de toda la franja mediterránea española, desde Castellón hasta Cádiz, incluyendo Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Ceuta y Melilla.

Zahari Hallal, llegado tras pasar la noche bajo la lluvia, resume la urgencia colectiva: «Tenemos que conseguir que nuestros familiares puedan hacer los trámites por nosotros allí, en nuestro país». Desde Alcossebre, en Castellón, Hamou Karima comparte idéntico objetivo, mientras otros viajan desde lugares tan lejanos como Sevilla para acceder al servicio.

Cataluña y otras comunidades también saturadas

En Barcelona, el Consulado de Argelia presenta colas interminables de hasta cuatro horas de espera diarias, con cerca de mil personas gestionadas al día. El consulado ha ampliado horarios y abierto incluso fines de semana para absorber la demanda. Arman, residente desde hace cuatro años con familia a cargo, expresa el sentimiento mayoritario: «Es una oportunidad para trabajar, nadie lo esperaba».

El Gobierno catalán estima que entre 120.000 y 150.000 personas en la región podrían beneficiarse de la regularización, lo que representa aproximadamente una quinta parte del total nacional. Ayer se celebró una cumbre institucional en Cataluña con participación de Generalitat, Gobierno central y representantes sociales y económicos para coordinar la aplicación de la medida.

En Canarias, con elevada presión migratoria, el consulado marroquí registra el mayor volumen de peticiones. En la Región de Murcia se prevé la concesión de hasta 50.000 permisos de residencia y trabajo, y las unidades de Extranjería afrontan avalanchas de solicitudes de información que fuentes policiales califican de «inasumibles» con las plantillas actuales.

Sindicatos denuncian ausencia de plan de refuerzo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha elevado el tono de las críticas, tachando de «insólito» que el Ejecutivo haya lanzado esta iniciativa sin diseñar previamente un plan de choque comparable al que acompañó la regularización de 2005 bajo Zapatero. Según el sindicato, los expedientes en Extranjería han aumentado más del 25% en solo una semana y ya se registra saturación generalizada en las unidades de documentación.

«Faltan trabajadores y el volumen de trabajo es tremendo. Ya no hay puntos específicos de información en nuestras oficinas y todo se hace por internet. Y mientras, la aplicación está registrando fallos por sobrecarga».

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Fuentes del CSIF advierten que el personal plantea organizar manifestaciones e incluso convocar huelgas, una medida que «el Ministerio lleva muchos años encima de la mesa» y que paralizaría unos 50.000 expedientes semanales. El sindicato ha reclamado reunión urgente con el Ministerio de Política Territorial para pulir los detalles de implementación y exigir refuerzos de plantilla.

Padrones municipales bajo presión

Las oficinas de empadronamiento municipal también acusan el impacto. En Valencia, tercera capital española, la cola rodea el edificio del Ayuntamiento y las citas previas no pueden solicitarse hasta la próxima semana. La alcaldesa María José Catalá ha reprochado al Gobierno no haber comunicado información oficial sobre la regularización: «Falsas expectativas, propaganda y colapso de los servicios públicos: el manual de Sánchez».

Fuentes municipales hablan abiertamente de «efecto llamada» y reconocen derivar a los solicitantes hacia la Delegación del Gobierno para reclamar información. La oposición local ha criticado a Catalá por no resolver previamente las colas crónicas en el padrón valenciano, aunque admite que buena parte de quienes acudieron este miércoles buscaban certificados de empadronamiento retroactivo para demostrar residencia antes del 31 de diciembre.

Requisitos y calendario del proceso

La regularización extraordinaria permitirá obtener residencia y permiso de trabajo a quienes acrediten presencia en España desde antes del 31 de diciembre de 2025, carezcan de antecedentes penales y hayan permanecido al menos cinco meses en el país en el momento de solicitud. El plazo de presentación se extenderá de principios de abril a finales de junio de 2026.

Con la mera admisión a trámite, en un máximo de 15 días, los solicitantes obtendrán autorización provisional que les permitirá trabajar legalmente y acceder a derechos sociales como asistencia sanitaria. Las resoluciones definitivas deberán dictarse en un plazo máximo de tres meses. Además, quedarán suspendidos todos los procedimientos de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin autorización que pudieran afectar al solicitante.