Feijóo admite ante la jueza de la dana que no recibió información ‘en tiempo real’ de Mazón de la desgracia

Feijóo rectifica ante la jueza sobre la información de Mazón en la dana

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha reconocido ante la jueza que investiga la gestión de la dana de 2024 en Valencia que Carlos Mazón no le informó «en tiempo real» de la catástrofe, pese a que así lo aseguró públicamente en los días posteriores a la tragedia.

El líder del PP ha declarado como testigo por videoconferencia desde su despacho en el Congreso, en una comparecencia que se ha prolongado durante unas cinco horas y en la que ha tenido que explicar el contenido y el momento de los mensajes que intercambió con el entonces president valenciano.

Una comunicación tardía y limitada a WhatsApp

Feijóo ha situado el inicio de su información directa sobre la riada el mismo día de la dana, a las 19.59 horas, cuando envió el primer mensaje de WhatsApp a Mazón preocupado por lo que ocurría en la Comunidad Valenciana.

El dirigente popular ha admitido que no pidió datos antes de esa hora y que su contacto con la Generalitat se redujo a esos intercambios de mensajes, sin llamadas telefónicas ni instrucciones específicas a su equipo para seguir la evolución de la emergencia.

Contradicciones con el relato público y con Mazón

La rectificación ante la jueza choca con las declaraciones que Feijóo realizó dos días después de la riada, cuando sostuvo que Mazón le había informado de la situación «en tiempo real» desde el día previo al desastre, una versión desmentida por la secuencia de los mensajes aportados a la causa.

También se evidencian discrepancias con el propio Mazón, que en la comisión de investigación del Congreso aseguró que desconoció la existencia de fallecidos hasta el día siguiente, mientras que Feijóo sostiene que fue informado por WhatsApp de las primeras víctimas de Utiel a las 23.25 horas del día de la dana.

Desconocimiento del Cecopi y de la gestión autonómica

Durante el interrogatorio, Feijóo ha reconocido que desconocía la existencia y el funcionamiento del Cecopi, el centro desde el que se coordinó la emergencia en L’Eliana y desde donde se envió el mensaje masivo Es Alert, cuya tardanza y deficiencias están bajo escrutinio judicial.

El líder de la oposición ha afirmado que la Generalitat carecía de medios suficientes para afrontar una crisis de esa magnitud y ha cargado contra el Gobierno central por no facilitarle información, pese a que la jueza le recordó que la competencia directa en emergencias recaía en el Ejecutivo autonómico.

La dimensión de la catástrofe y el debate sobre la “emergencia nacional”

La dana de octubre de 2024 dejó 230 muertos en la provincia de Valencia, lo que la convierte en una de las peores tragedias naturales en España en décadas y ha motivado una amplia investigación judicial sobre la previsión y la reacción de las autoridades.

Feijóo ha defendido que el Gobierno de España debería haber declarado una «emergencia nacional», mientras la jueza ha subrayado que la planificación y ejecución del dispositivo recaían en la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, principal imputada en la causa.

Experiencia previa en crisis y el papel del relato

Interpelado por su experiencia en la gestión de emergencias, Feijóo ha citado su etapa al frente de la Xunta de Galicia durante el accidente del Alvia en 2013, aunque ha admitido que nunca había afrontado una crisis del tamaño de la dana valenciana.

El dirigente ha restado importancia al contenido de sus mensajes con Mazón, en los que le instaba a «liderar la comunicación», y ha explicado que se refería a informar de forma constante a la ciudadanía, en un contexto en el que el control del relato político también está bajo examen.

El futuro judicial del caso y el desgaste político

La declaración de Feijóo abre la tanda de comparecencias de 2026 en la causa, en la que están citados cerca de 70 testigos entre responsables políticos, técnicos de emergencias y otros implicados en la gestión de la riada.

El caso mantiene bajo presión al PP en la Comunidad Valenciana después de la dimisión de Mazón y ha reavivado el debate sobre la coordinación entre administraciones y la transparencia en medio de una tragedia marcada por contradicciones y rectificaciones públicas.