Fiscalía abre expediente por acoso escolar y suicidio de Sandra Peña en el colegio Irlandesas de Loreto

Fiscalía de Menores de Sevilla inicia investigación contra el colegio Irlandesas de Loreto y las presuntas acosadoras de Sandra Peña

La Fiscalía de Menores de Sevilla ha decidido este lunes abrir una investigación formal contra el colegio Irlandesas de Loreto de Sevilla, el centro educativo concertado en el que estudiaba Sandra Peña, la menor de 14 años que el pasado martes se quitó la vida tras meses denunciando ser víctima de acoso escolar. El caso ha conmocionado a la ciudad y ha puesto en el centro del debate la gestión de los protocolos de protección y prevención en los centros educativos sevillanos.

El Ministerio Público ha acordado abrir un expediente de supervisión para investigar la actuación de los responsables del centro educativo y determinar si cumplieron con sus obligaciones legales y administrativas. Fuentes de la Fiscalía han confirmado a EL MUNDO que, si de este expediente se concluyera que la dirección del colegio pudo haber incurrido en algún tipo de delito, se abrirían diligencias penales de investigación inmediatamente.

El objetivo principal de la Fiscalía es realizar una evaluación exhaustiva de las acciones y omisiones de los directivos del colegio Irlandesas de Loreto, especialmente en relación con la protección de la menor y la activación de los protocolos establecidos para casos de acoso escolar y conductas autolíticas.

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Expediente de reforma juvenil por presunto acoso escolar

Paralelamente, la Fiscalía sevillana ha abierto un expediente de reforma juvenil para investigar el presunto acoso sufrido por Sandra Peña. El propósito es identificar a las compañeras que sometieron a la menor fallecida a insultos y humillaciones, y depurar sus posibles responsabilidades penales.

Según la información facilitada por la familia de Sandra, la joven era víctima de tres compañeras de su misma clase, quienes la sometían a continuas vejaciones. El caso ha generado una fuerte reacción social y ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de protección en los centros educativos.

Incumplimiento de protocolos y actuación de la Consejería de Desarrollo Educativo

La decisión de la Fiscalía se ha producido después de que los inspectores de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional constataran la semana pasada que el colegio incumplió su obligación de activar el protocolo contra el acoso escolar, a pesar de los indicios existentes, incluidas dos denuncias formales de la familia de la menor. Además, el centro tampoco puso en marcha el protocolo de prevención de conductas autolíticas, a pesar de que Sandra había intentado suicidarse en una ocasión anterior.

La Administración autonómica abrió un expediente administrativo y remitió las conclusiones de su investigación al Ministerio Público, para que actuara si consideraba que podría haber existido algún delito, como finalmente ha sucedido.

Acciones legales y posibles consecuencias para el colegio Irlandesas de Loreto

La familia de Sandra Peña ha anunciado que tomará todas las medidas legales a su alcance para depurar responsabilidades, lo que podría incluir una denuncia penal que los padres de la adolescente fallecida valoraban a finales de la semana pasada. El caso sigue abierto y se espera que la investigación arroje luz sobre las responsabilidades individuales y colectivas.

Más allá de las responsabilidades penales, el colegio, que pertenece a la Fundación Mary Ward, se expone también a la posibilidad de perder el concierto educativo con la Junta de Andalucía y quedarse sin los fondos públicos que actualmente sostienen su actividad.

Fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo han explicado que esta medida podría adoptarse si el expediente administrativo abierto concluyera que ha existido un incumplimiento grave de dicho concierto.

“Será la Fiscalía la que determine las posibles responsabilidades, así como la titularidad del centro la que deba actuar depurando las responsabilidades de su personal conforme a los requerimientos enviados por parte de la Consejería”, añadieron las fuentes consultadas.

Denuncias previas y actuación de la dirección del colegio

La familia de la menor lleva denunciando, desde el primer momento, la inacción de la dirección del colegio en el que Sandra sufría el supuesto acoso escolar, al menos desde la primavera pasada. “No hicieron nada”, declaró a EL MUNDO el tío de la menor, Isaac Villar, quien ejerce como portavoz de los padres.

Villar señaló directamente a los responsables del colegio por no haber atendido las denuncias de la familia. Dos veces advirtió la madre de Sandra sobre lo que le estaba sucediendo a su hija.

La primera vez que la madre de Sandra denunció el acoso escolar en el colegio fue a finales del segundo trimestre del curso pasado, justo después de que la joven, incapaz de soportar más la presión, relatase en su casa lo que estaba padeciendo en el centro educativo. “No hicieron nada”, insiste el portavoz de la familia. Ni siquiera, especifica, hubo algún tipo de ayuda emocional.

La familia tuvo que buscar ayuda por su cuenta y, desde julio, Sandra acudía a terapia con una psicóloga privada. Esta profesional fue quien plasmó en un informe el sufrimiento de Sandra, y con este documento la madre volvió a acudir al colegio en septiembre. Se reunió con la orientadora nuevamente y “exigió” que separasen a su hija de las tres compañeras que supuestamente la acosaban.

Impacto social y manifestaciones en apoyo a la familia de Sandra Peña

El caso ha generado una profunda indignación social en Sevilla y en toda Andalucía. Miles de estudiantes se han manifestado en apoyo a la familia de Sandra Peña y han exigido la dimisión inmediata de la junta directiva del colegio Irlandesas de Loreto, así como la retirada de su financiación pública. Bajo el lema “Sandra, ¡no te olvidamos!”, alumnos de ESO, FP y Bachillerato han secundado las movilizaciones y han pedido una mayor inversión en profesionales de la salud mental en los centros educativos.

La Consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Carmen Castillo, ha reiterado que, a pesar de los indicios suficientes, el colegio no abrió los protocolos necesarios. El sindicato estudiantil ha planteado la necesidad de ampliar la inversión en psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública y en cada colegio, instituto y universidad, denunciando la falta de pedagogos, orientadores y psicólogos en los centros educativos.

Conclusiones y próximos pasos en la investigación

El proceso judicial y administrativo sigue su curso, y tanto la Fiscalía como la Consejería de Desarrollo Educativo continúan recabando información para determinar las responsabilidades penales y administrativas en el caso de Sandra Peña. La comunidad educativa y la sociedad sevillana esperan respuestas y medidas contundentes para evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro.

La historia de Sandra Peña se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el acoso escolar y la necesidad de protección efectiva para los menores en situación de vulnerabilidad en los centros educativos de Sevilla y Andalucía.