El presidente de la Junta de Andalucía y sus consejeros aprueban un incremento salarial durante la semana de luto oficial por la tragedia ferroviaria que dejó 45 muertos en Córdoba
El Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha aprobado una nueva subida salarial para el presidente y sus consejeros que ha entrado en vigor precisamente durante la semana de luto oficial decretada tras el accidente ferroviario de Adamuz, que dejó 45 víctimas mortales. La resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 19 de enero de 2026, establece que Moreno pasará a cobrar 92.208,84 euros anuales, casi 1.000 euros más que en 2025. Esta es la tercera subida salarial que se aplica el Gobierno del PP en la presente legislatura, lo que supone un incremento acumulado de más de un 33% desde su llegada al poder.
La coincidencia temporal entre la aprobación de este aumento retributivo y la conmoción social por la catástrofe de Adamuz ha desatado una fuerte polémica política. Adelante Andalucía, a través de su portavoz José Ignacio García, ha calificado la medida de «auténtica falta de respeto y de decoro», señalando que mientras Andalucía lloraba a sus muertos, el Ejecutivo autonómico tramitaba su propio enriquecimiento. «Me pregunto si a la mayoría de andaluces y andaluzas también les han subido un tercio el sueldo en este tiempo; sospecho que no», ha afirmado García con evidente indignación.
Del luto a la nómina: cronología de una polémica
El martes 21 de enero de 2026, dos trenes chocaron en Adamuz (Córdoba) en uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia reciente de España. El descarrilamiento del tren Iryo y su choque lateral con un Alvia dejaron 45 víctimas mortales y decenas de heridos. Ese mismo día, otro accidente en Gelida (Barcelona) se cobró la vida del maquinista de un convoy de Rodalies. La Junta de Andalucía decretó tres días de luto oficial y suspendió actos públicos en señal de duelo.
Sin embargo, cuatro días antes, el 19 de enero, la Secretaría General para la Administración Pública de la Junta había publicado en el BOJA la resolución que establecía la subida salarial de Moreno y su equipo, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. La primera nómina con el nuevo importe se haría efectiva en los días posteriores al accidente, justo cuando la sociedad andaluza seguía conmocionada por las imágenes de los vagones destrozados y el dolor de las familias.
Esta coincidencia, que el PP atribuye a un mero trámite administrativo automático, ha sido interpretada por la oposición como una muestra de insensibilidad política y falta de empatía con el sufrimiento colectivo. «Es de una falta de decoro absoluta que mientras los andaluces lloraban a las víctimas, ellos estuvieran cobrando más dinero público», ha denunciado García.
La trampa legal del PP: cómo blindaron las subidas automáticas
La justificación oficial del Gobierno andaluz es que la subida salarial no es discrecional, sino que responde a una obligación legal derivada de la Ley de Incompatibilidades de Cargos Públicos de Andalucía. Esta norma establece que los salarios del presidente y los consejeros están vinculados automáticamente a los incrementos retributivos aprobados para los diputados del Parlamento autonómico. Sin embargo, lo que el PP no explica es que fue el propio partido, con su mayoría absoluta en 2023, quien modificó esa ley precisamente para establecer ese mecanismo de vinculación automática.
Antes de esa reforma, las subidas salariales del Ejecutivo requerían una negociación específica y una justificación pública. Ahora, gracias al cambio legislativo impulsado por el PP, cada vez que los diputados del Parlamento andaluz se suben el sueldo, automáticamente se incrementan también las retribuciones de Moreno y su equipo de gobierno. Una operación que Adelante Andalucía califica sin ambages de «trampa» para eludir el debate público sobre la remuneración de los cargos políticos.
El mecanismo es sencillo pero eficaz: primero se aprueba una subida para los parlamentarios, justificada por la actualización del IPC o por equiparación con otras comunidades autónomas. Después, de forma automática y sin necesidad de votación adicional, se activa la subida para el presidente y los consejeros. El resultado es un incremento retributivo que evita el escrutinio mediático y la confrontación política directa.
De 70.000 a más de 92.000 euros: el enriquecimiento progresivo
Cuando Juanma Moreno llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía en enero de 2019, su salario anual era de aproximadamente 70.000 euros. Siete años después, en 2026, su remuneración alcanza los 92.208,84 euros, lo que supone un incremento de más de 22.000 euros, equivalente a un aumento superior al 30%. Si se considera únicamente la presente legislatura, iniciada tras las elecciones autonómicas de junio de 2022, el incremento ha sido de un 33%.
Esta progresión contrasta radicalmente con la evolución salarial del ciudadano medio andaluz. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario medio en Andalucía en 2025 fue de 23.500 euros anuales, con un incremento interanual de apenas el 2,8%. Mientras los trabajadores andaluces han visto cómo la inflación devoraba su poder adquisitivo, los dirigentes del PP se han blindado con subidas que multiplican por diez el crecimiento salarial del sector privado.
El reparto del botín: también suben los consejeros y altos cargos
La subida no afecta solo a Moreno. Todos los altos cargos del Gobierno andaluz se benefician del mismo incremento. Según la resolución publicada en el BOJA, el vicepresidente pasará a cobrar 89.442,50 euros anuales en 2026, frente a los 88.475,66 euros de 2025. Los consejeros percibirán 88.059,44 euros, mientras que los viceconsejeros alcanzarán los 83.448,96 euros.
Los directores generales, figuras clave en la gestión administrativa autonómica, cobrarán 80.221,68 euros, y los delegados territoriales o provinciales, 67.312,42 euros. Todas estas cifras suponen incrementos de entre 800 y 1.000 euros respecto al ejercicio anterior, aplicándose con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. En total, la masa salarial del Gobierno andaluz se incrementa en varios cientos de miles de euros anuales.
La respuesta de Adelante Andalucía: austeridad frente a privilegio
José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, no solo ha criticado la subida, sino que ha expuesto el modelo alternativo que aplica su formación política. Los cargos públicos de Adelante Andalucía perciben únicamente el salario correspondiente a su profesión anterior, renunciando a las retribuciones adicionales por su condición de diputados o portavoces. En el caso de García, que es profesor de enseñanza secundaria, esto significa cobrar aproximadamente 35.000 euros anuales, menos de la mitad de lo que percibe un diputado del Parlamento andaluz.
Esta práctica, que Adelante Andalucía denomina «aplicarse el cuento», contrasta radicalmente con el comportamiento del PP y también del PSOE, cuyos cargos públicos se benefician de todas las retribuciones a las que tienen derecho legal. Para García, se trata de una cuestión de coherencia política: «Nos parece una cuestión de sentido común. Los cargos públicos ya están suficientemente bien remunerados».
Me pregunto si a la mayoría de andaluces y andaluzas también les han subido un tercio el sueldo en los últimos tres años. Sospecho que no. Es una auténtica falta de respeto que lo hayan hecho esta semana, justo durante el luto por Adamuz.
El contexto nacional: subidas generalizadas en las instituciones
El caso andaluz no es aislado. La subida de Moreno y su equipo se inscribe en un contexto más amplio de incrementos retributivos en las instituciones públicas españolas. El Real Decreto-ley 14/2025, aprobado en diciembre por el Gobierno de España, estableció un aumento consolidable del 2,5% para 2025 sobre los salarios vigentes a finales de 2024, y un incremento adicional del 1,5% para 2026. Estas medidas se aplican a funcionarios, pero también sirven de referencia para las actualizaciones salariales de cargos políticos en todas las administraciones.
Sin embargo, mientras los funcionarios ven limitados sus incrementos a estos porcentajes, los cargos políticos han encontrado mecanismos para superarlos ampliamente. El caso andaluz es paradigmático: un 33% de incremento en tres años multiplica por cinco el crecimiento salarial de los trabajadores públicos en el mismo periodo. Una brecha que alimenta la percepción de que existe una «casta política» que se beneficia del poder mientras predica austeridad a los demás.
Reacciones y consecuencias políticas
La polémica ha llegado al debate parlamentario. PSOE y Adelante Andalucía han anunciado que presentarán iniciativas para revertir el mecanismo de subidas automáticas y exigir que cualquier incremento retributivo de cargos políticos pase por votación específica en el Parlamento. También han solicitado la comparecencia del consejero de Hacienda para que explique el impacto presupuestario de estas subidas y su compatibilidad con las políticas de contención del gasto público que el PP predica para otros ámbitos.
El Gobierno andaluz, por su parte, se ha limitado a reiterar que la subida es un trámite administrativo obligado por ley y que no hay margen de discrecionalidad. Sin embargo, esta defensa ha sido interpretada como un intento de eludir la responsabilidad política de una decisión que, aunque legal, resulta moralmente cuestionable en el contexto de una tragedia que ha sacudido a la sociedad andaluza.
Para las víctimas de Adamuz y sus familias, que aún lloran a sus muertos y exigen explicaciones sobre las causas del accidente, la noticia de que los gobernantes se han subido el sueldo en medio del luto oficial añade insulto a la tragedia. Un recordatorio más de que, para algunos, el poder es ante todo un negocio, y la política, una oportunidad de enriquecimiento personal.
