Más de 300 personas con condenas penales solicitan cada año en Vigo la cancelación de sus antecedentes, un trámite que se canaliza sobre todo a través de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Ciudad de la Justicia.

Centenares de solicitudes cada año en Vigo

La Oficina de Atención al Ciudadano de los juzgados de Vigo atiende a diario consultas de condenados que quieren cancelar sus antecedentes penales, lo que se traduce en más de 300 solicitudes anuales en la ciudad.

Este servicio, ubicado en el anexo de la Ciudad de la Justicia, ayuda a tramitar la documentación que finalmente resuelve el Ministerio de Justicia.

Por qué se dispara la demanda

Las funcionarias explican que las peticiones aumentan en verano y en Navidad, coincidiendo con la oferta de empleos temporales ligados al ocio y a la conciliación, donde se exige a menudo certificado negativo de delitos sexuales.

También han detectado casos de personas mayores que, tras ser identificadas varias veces por la Policía y comprobar que seguían constando sus antecedentes, han decidido cancelarlos para evitar problemas.

Requisitos para borrar los antecedentes

Para cancelar los antecedentes penales, la persona debe haber extinguido totalmente su responsabilidad penal, es decir, haber cumplido la pena impuesta por el juzgado.

Además, no puede haber delinquido de nuevo durante un plazo que varía según el tipo de pena: seis meses para penas leves, dos años para penas de hasta doce meses o imprudentes, tres años para el resto de penas menos graves inferiores a tres años, cinco años para penas menos graves iguales o superiores a tres años y diez años para las penas graves, plazos que se interrumpen si se comete un nuevo delito.

Cómo se tramita la cancelación

En la propia oficina judicial se facilita el modelo oficial de solicitud, que luego se puede presentar en registros como Concello, Xunta o Hacienda, abonando una tasa de 3,86 euros.

Se recomienda adjuntar un certificado de cumplimiento de penas para agilizar el proceso, aunque no es obligatorio, y el plazo máximo de resolución de la cancelación se sitúa en alrededor de tres meses.

Especialidades para menores de edad

En el caso de las personas condenadas cuando eran menores, la cancelación de antecedentes se produce diez años después de alcanzar la mayoría de edad, siempre que las medidas impuestas se hayan ejecutado o prescrito.

Este régimen específico busca equilibrar la protección de la infancia con la reinserción, evitando que errores cometidos en la adolescencia lastren de por vida el acceso a empleo y oportunidades.