Montero anuncia 20.975 millones más al año en la financiación autonómica para cuadrar el pacto con Esquerra
Montero eleva en 20.975 millones la financiación autonómica
El Gobierno central ha presentado su primera gran propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica desde 2009, con un aumento de hasta 20.975 millones de euros anuales para el conjunto de las comunidades, condicionado a la aprobación del nuevo modelo.
La iniciativa, impulsada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, busca asegurar la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez y acercar posiciones con Esquerra Republicana, socio clave tanto en el Congreso como en Cataluña.
Más recaudación de IRPF e IVA para las autonomías
El núcleo de la propuesta se apoya en la cesión a las comunidades autónomas de un mayor porcentaje del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que sumaría unos 16.000 millones de euros adicionales al año.
Esta redistribución fiscal beneficiará especialmente a las regiones con mayor actividad económica y capacidad recaudatoria, que la propia Montero define como las comunidades «más dinámicas» y, por tanto, más prósperas dentro del mapa autonómico.
Ordinalidad para Cataluña, pero no para Madrid
El plan incorpora el principio de ordinalidad para Cataluña, de forma que la comunidad mantenga una posición coherente entre lo que aporta y lo que recibe por habitante, una de las principales demandas del líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras.
Según las estimaciones que maneja ERC, la Generalitat podría llegar a obtener unos 4.700 millones de euros adicionales al año, mientras el Gobierno central admite que se deben corregir «diferencias injustificables» en lo que perciben las distintas autonomías por habitante.
Sin embargo, Montero no extiende esa garantía de ordinalidad a la Comunidad de Madrid, pese a que en el actual sistema figura entre las regiones peor tratadas en términos de lo que recibe frente a su capacidad fiscal, lo que alimenta el debate político sobre un trato asimétrico entre territorios.
Nivelación para que ninguna región pierda
El esquema se apoya también en un mecanismo de nivelación por el que las comunidades con capacidad tributaria por habitante ajustado por debajo de la media recibirán recursos adicionales, mientras las que superen la media deberán aportar al fondo común.
Este diseño implicaría que regiones desfavorecidas como Extremadura o Cantabria pudieran perder recursos respecto al sistema actual, pero Montero ha anunciado un instrumento extra de compensación destinado a garantizar que «ninguna región pierda dinero» con la reforma.
El resultado práctico es que no habrá una ordinalidad completa en el conjunto del sistema, ya que se preserva un suelo de financiación para las autonomías con menor renta, al tiempo que se mejora la posición de Cataluña sin mermar la de esas comunidades.
Límites al ‘dumping fiscal’ y calendario de aplicación
La propuesta incluye la intención de fijar límites a la competencia a la baja en impuestos por parte de algunas comunidades, como Madrid, que han hecho de la autonomía fiscal una seña de identidad y una herramienta para atraer inversión y contribuyentes.
Montero ha defendido la necesidad de «poner límites» para evitar lo que califica de «dumping fiscal» entre territorios, aunque por ahora no ha concretado qué tipo de restricciones o prohibiciones prevé introducir en el nuevo modelo.
El Gobierno trabaja con la idea de que la reforma entre en vigor en 2027, con un año por delante de tramitación política y técnica, en un contexto en el que la propia ministra compagina la cartera de Hacienda con su candidatura socialista a las próximas elecciones andaluzas.
Apoyos parlamentarios y presión de los socios
A día de hoy, el nuevo sistema no cuenta con los apoyos parlamentarios necesarios, ya que Junts ha expresado su rechazo al considerarlo insuficiente para Cataluña y Esquerra mantiene reivindicaciones que el Ejecutivo aún no asume plenamente.
Montero ha admitido que ve «muy difícil» llegar a ceder a la Generalitat el 100% de la recaudación del IRPF, una de las exigencias más ambiciosas del independentismo, aunque confía en que la nueva financiación contribuya a facilitar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026.
