Ola de denuncias por “pérdida” de pasaporte para lograr la regularización: qué está pasando y qué riesgos ve la Policía

Un aviso interno de la Policía destapa el uso masivo de denuncias para acreditar estancia en España

La Policía Nacional ha detectado un aumento muy significativo de denuncias por pérdida o robo de pasaporte presentadas por inmigrantes en situación irregular, coincidiendo con el nuevo proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno. Según un oficio interno de Extranjería, muchos de estos denunciantes buscan aprovechar estas diligencias para acreditar su presencia en España durante el periodo exigido por la futura regularización.

Qué ha pasado: suben las denuncias y se repiten patrones

Entre el 15 de enero y el 6 de febrero de 2026, las denuncias por extravío o sustracción de pasaporte de ciudadanos extranjeros han crecido en torno a un 60% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de la Policía. El repunte se produce justo después del anuncio gubernamental de regularizar a al menos medio millón de personas sin papeles que puedan demostrar cinco meses de residencia previa y ausencia de antecedentes penales.

En ese contexto, fuentes policiales señalan que denunciar la pérdida de pasaporte se ha convertido en una vía para obtener un documento oficial que “sitúe” al migrante en España en una fecha determinada, aunque el hecho denunciado no sea real. El oficio interno advierte de que esta práctica se concentra en personas completamente indocumentadas, que llegan a la comisaría sin ningún documento original que acredite identidad o situación administrativa.

Los datos muestran aumentos especialmente llamativos en determinadas nacionalidades: las denuncias de ciudadanos pakistaníes se habrían disparado un 866%, las de argelinos un 356%, mientras que en marroquíes el incremento ronda el 114% y en colombianos más de un 30%. La Policía no detalla cifras absolutas, pero subraya que el salto porcentual es suficientemente relevante como para emitir instrucciones específicas a todas las oficinas de denuncias.

Claves jurídicas y de seguridad: regularización extraordinaria y antecedentes penales

El trasfondo es el decreto de regularización extraordinaria que permitirá acceder a la residencia a inmigrantes irregulares que acrediten al menos cinco meses de estancia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que no tengan antecedentes penales. Para muchos solicitantes sin documentación, obtener un atestado policial por pérdida de pasaporte se percibe como una forma de probar que ya estaban en el país en determinada fecha.

Lo que preocupa a policías y guardias civiles es que el decreto no exige un certificado oficial de antecedentes penales expedido por el país de origen para todos los casos. Si el interesado pide ese certificado y su país no responde en un plazo de un mes, basta con que presente una declaración responsable de que carece de antecedentes, lo que para los agentes deja la puerta abierta a que personas con delitos graves puedan regularizarse.

El oficio de la Comisaría General de Extranjería revela que, una vez “identificados plenamente” muchos de estos denunciantes mediante bases de datos y comprobaciones internas, aparece un número relevante de casos con antecedentes penales o policiales en España u otros países. También se han detectado situaciones de identidades múltiples o expedientes de expulsión y resoluciones administrativas de extranjería aún vigentes.

Contexto político y social: regularización masiva y presión a Marlaska

El aumento de denuncias se produce en un clima ya tenso por el anuncio del Gobierno —fruto de un acuerdo con Podemos— de un proceso de regularización para centenares de miles de extranjeros en situación irregular. La medida ha sido defendida como una vía para sacar de la economía sumergida a personas que ya viven y trabajan en España, pero también ha generado críticas sobre su impacto en seguridad y servicios públicos.

Sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles han reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que blinde el proceso exigiendo siempre un certificado de antecedentes penales real, y no aceptando declaraciones responsables cuando el país de origen no conteste. A su juicio, aceptar un documento firmado por el propio interesado es “insuficiente” para descartar riesgos, especialmente cuando algunos estados tienen sistemas administrativos muy precarios o poco cooperativos.

En el debate público, el caso está alimentando discursos enfrentados: mientras unos ponen el acento en la integración y los derechos de quienes llevan años en España, otros subrayan el riesgo de que se cuele una minoría con antecedentes graves aprovechando lagunas del sistema. El foco sobre las nacionalidades con mayor incremento de denuncias también añade una dimensión delicada al debate, al poder alimentar estereotipos o discursos xenófobos si no se maneja con prudencia.

Qué implica para España: controles, comisarías y confianza ciudadana

Para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, esta ola de denuncias implica más carga de trabajo en oficinas de atención al ciudadano y obliga a extremar las verificaciones de identidad, antecedentes y posibles expedientes previos. La instrucción interna insiste en la necesidad de “identificación plena” y de comprobar a fondo la situación administrativa antes de tramitar estos atestados como mera pérdida de documentación.

Para el sistema de extranjería, el reto será conjugar dos objetivos que se cruzan: facilitar la regularización a quienes cumplen los requisitos y llevan tiempo arraigados, y evitar que se utilicen vías fraudulentas que erosionen la credibilidad del proceso. Un fallo en ese equilibrio podría traducirse en más recursos contenciosos, agotamiento de los funcionarios y desconfianza de la ciudadanía hacia la política migratoria.

En la calle, la polémica puede reforzar percepciones existentes, tanto entre quienes ven la regularización como una respuesta justa a una realidad social, como entre quienes temen un efecto llamada o un aumento de inseguridad. De cómo se explique y gestione este episodio dependerá en buena medida que el debate se base en datos y garantías jurídicas o derive hacia una confrontación más emocional y polarizada.

Qué debe saber el lector en España: derechos, obligaciones y señales a vigilar

Si eres persona migrante en situación irregular, la vía de la denuncia falsa por pérdida de pasaporte no solo puede ser inútil, sino que también puede derivar en responsabilidad penal si se demuestra el engaño. La recomendación de los expertos es acudir a asesoría jurídica especializada y seguir los cauces legales de regularización, especialmente en un proceso extraordinario que estará muy vigilado por la Policía.

Si eres ciudadano español, conviene entender que la regularización no supone un “perdón automático”, sino un procedimiento con requisitos de tiempo de residencia y ausencia de antecedentes, que deberá tramitarse caso por caso. La presión de los sindicatos policiales para endurecer controles refleja que, dentro del propio sistema, existe preocupación por mantener estándares de seguridad, no solo por razones políticas.

Para el conjunto del país, lo que está en juego es la capacidad de combinar una política migratoria que reconozca la realidad social y laboral con un sistema de garantías que evite abusos y preserve la confianza en las instituciones. Este episodio de las denuncias por pérdida de pasaporte será una prueba temprana de hasta qué punto el proceso de regularización extraordinaria puede desarrollarse con control, transparencia y seguridad jurídica.