Regularización de inmigrantes en España: hasta 4.000 euros de beneficio fiscal por persona

Un plan económico respaldado por la evidencia académica

España impulsa su crecimiento económico gracias a dos pilares estratégicos: las energías renovables, que le han otorgado una ventaja competitiva sin precedentes en el precio energético, y la inmigración, que constituye el segundo motor de la economía nacional. El Gobierno español ha estudiado durante año y medio los efectos de regularizar aproximadamente medio millón de inmigrantes en situación irregular, en un contexto internacional donde la mayoría de países occidentales, incluidos Estados Unidos y diversos gobiernos europeos socialdemócratas, aplican políticas migratorias restrictivas. Finalmente, el Ejecutivo ha decidido impulsar esta medida mediante decreto, tras valorar numerosos informes académicos nacionales e internacionales que demuestran efectos económicos positivos.

El proceso de regularización se dirige a todas las personas extranjeras que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025, con un plazo de hasta tres meses para resolver las solicitudes. Con la mera aceptación del trámite, en un máximo de días, los inmigrantes solicitantes ya podrán comenzar a trabajar desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país. Esta autorización de residencia provisional habilitará para trabajar legalmente y acceder a otros derechos sociales, como la asistencia sanitaria.

Impacto fiscal neto: entre 3.300 y 4.000 euros por migrante

Dos estudios académicos españoles, firmados por investigadores de la Universidad Pompeu Fabra y de la Universidad Carlos III de Madrid, han analizado en profundidad los efectos de la regularización migratoria. El trabajo titulado ‘Tamaño, composición socioeconómica e implicaciones fiscales de la inmigración irregular en España’, elaborado por Ismael Gálvez-Iniesta, concluye que el beneficio medio esperado por migrante asciende a 3.300 euros. Un segundo informe, publicado en ‘Journal of Labour Economics’, eleva esta cifra hasta los 4.000 euros por persona regularizada.

Ambos estudios coinciden en que el impacto sobre el mercado de trabajo y sobre las finanzas públicas es muy beneficioso, calculando el efecto neto por el efecto combinado de las cotizaciones a la Seguridad Social y el IRPF, y teniendo en cuenta que el gasto en servicios públicos es reducido. El efecto inmediato será el afloramiento de economía sumergida, ya que muchas de esas personas están trabajando actualmente sin declarar, en situación irregular. Al regularizar su situación, pasarán a estar contratados oficialmente, lo que supone que comenzarán a pagar cotizaciones sociales y a tributar en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas.

El mito del efecto llamada, desmentido por la investigación

Los informes consultados por el Gobierno niegan tajantemente el denominado «efecto llamada» que esgrime la oposición del Partido Popular, liderada por Alberto Núñez Feijóo. La investigación académica demuestra que las regularizaciones anteriores en España no provocaron ningún aumento atribuible en la llegada de nuevos inmigrantes. Los propios gobiernos de José María Aznar acometieron hasta tres regularizaciones y negaron rotundamente este supuesto efecto en su momento.

Un estudio publicado en ‘Barcelona GSE Working Paper Series’ analiza la ola migratoria de 2006, tras la regularización de Zapatero en 2005, y rechaza la idea de que dicha regularización promoviese un «efecto llamada». Las entradas de migrantes tienen más que ver con las fluctuaciones del ciclo económico del país de destino y, sobre todo, están relacionadas con la situación en los propios países de origen. Ismael Gálvez, profesor de Economía en la Universidad de las Islas Baleares, afirma que es poco probable que esta medida genere presión en el mercado de vivienda o laboral para los españoles nativos, ya que se aplica únicamente a quienes ya residen en territorio nacional.

Precedentes y respaldo internacional

Esta no es la primera regularización extraordinaria en España: la última medida similar se implementó hace más de dos décadas, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005. En aquella ocasión, cada inmigrante recién legalizado aportó en promedio 3.504 euros en concepto de cotizaciones sociales, según un estudio elaborado por la Universidad de Barcelona y la de Copenhague titulado ‘Understanding the Effects of Legalizing Undocumented Immigrants’. La recaudación de impuestos sobre la nómina creció un 2% en el primer año en las provincias con mayor presencia de migrantes.

Informes sobre regularizaciones en Italia y Francia muestran conclusiones similares, al igual que la abundante literatura académica internacional sobre este asunto. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Central Europeo, el Banco de España y la Comisión Europea han presentado estudios en los últimos tiempos que señalan efectos nítidamente positivos de la migración. Los expertos subrayan que el impacto depende de la capacidad de adaptación de los migrantes, lo que constituirá el siguiente paso en la estrategia migratoria del Gobierno, a través de un Plan de Integración y de Ciudadanía que debería aparecer en el debate público en las próximas semanas.

Apoyo y críticas políticas

El proceso de regularización es el resultado de un acuerdo con Podemos, el partido de izquierda que forma parte del gobierno del presidente Pedro Sánchez, descrito por fuentes gubernamentales como una «confluencia de voluntades centradas en las personas». La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacó que la regularización es «esencial para abordar la realidad que enfrentamos en nuestras calles» y que el proceso será «simple y busca eliminar las barreras burocráticas del pasado». Incluso el líder de los obispos españoles manifestó su apoyo, afirmando que «se reconoce así su dignidad».

Por el contrario, la fundación Disenso, vinculada a Vox, publicó un informe alertando del efecto llamada y concluyendo que la estrategia del Gobierno «lleva a la quiebra al Estado del bienestar», una posición que contrasta con los estudios de las principales instituciones económicas internacionales. La vía de la iniciativa legislativa popular en el Congreso estaba bloqueada por la negativa de dos socios de investidura, PNV y Junts, por lo que el Gobierno optó por la vía del decreto para sacar adelante esta medida.