Rusia abre causa penal contra el fundador de Telegram

Qué ha pasado: Durov, acusado de “colaborar con el terrorismo”

El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) ha abierto un caso penal contra Pável Durov, fundador y consejero delegado de Telegram, por un presunto delito de “colaboración con el terrorismo”. Según medios oficialistas rusos citados en la documentación del caso, las autoridades acusan a Telegram de no haber bloqueado más de 154.000 canales y chats que consideran delictivos, desde espacios de oposición hasta supuesta preparación de sabotajes, terrorismo, pornografía infantil y tráfico de drogas.

La medida abre la puerta a que Moscú solicite la extradición de Durov desde Emiratos Árabes Unidos, donde reside desde hace años tras negarse a que la plataforma colaborara con el FSB. El caso se suma a la investigación abierta contra él en Francia por difusión de contenido ilegal, lo que deja al empresario bajo presión judicial en varios países a la vez.

Ofensiva del Kremlin contra las plataformas y presión para usar el mensajero propio

Este movimiento forma parte de una ofensiva más amplia del Kremlin para forzar a la población rusa a abandonar servicios occidentales o independientes y pasarse a Max, un mensajero auspiciado por los servicios de inteligencia del país. En los últimos meses, Rusia ha bloqueado totalmente WhatsApp y ha restringido de forma parcial Telegram, a la vez que exige que esta última acate las órdenes del FSB.

Un alto cargo de la Duma, Andréi Svintsov, llegó a advertir que “seis semanas son suficientes para que Telegram legalice completamente sus operaciones en Rusia”, en referencia a la posibilidad de un veto total a partir del 1 de abril. El bloqueo parcial ya está generando problemas en el frente de Ucrania, donde tanto tropas rusas como ucranias utilizan Telegram de forma masiva para comunicaciones cifradas.

Blogueros militares rusos denuncian que sus mandos han pedido a las tropas no usar la alternativa oficial Max por considerarla vulnerable, lo que revela una paradoja: el Estado impulsa una herramienta que los propios militares desconfían de utilizar.

Los números del FSB: terrorismo, “información falsa” y oposición

De acuerdo con datos difundidos por la prensa oficialista, las fuerzas de seguridad rusas vinculan a Telegram unos 33.000 casos de sabotaje, terrorismo y extremismo desde el inicio de la invasión de Ucrania, hace cuatro años. El FSB sostiene, además, que el atentado yihadista contra la sala de conciertos Crocus, en las afueras de Moscú en 2024, se coordinó a través de la plataforma.

Aunque las autoridades reconocieron que los atacantes eran miembros del Estado Islámico de Jorasán procedentes de Asia Central, el presidente Vladímir Putin acusó a Ucrania de estar detrás del ataque, que dejó 150 muertos. La investigación rusa también vincula Telegram a atentados contra militares y blogueros nacionalistas, supuestamente gracias a datos extraídos de la aplicación por los atacantes.

Sin embargo, parte de las cifras apuntan claramente a la represión política: unos 104.093 casos se refieren a difusión de “información falsa” y otros 4.168 a “justificación de actividades extremistas”, categorías que Rusia aplica a medios independientes, ONG y casi toda la oposición. El Ministerio de Justicia ha declarado “indeseables” o “extremistas” a plataformas opositoras, ONG como Greenpeace y Human Rights Watch, medios europeos como Deutsche Welle y centros de estudios como Chatham House.

El FSB afirma también que Telegram se negó a eliminar 1.369 canales relacionados con pornografía infantil, 3.771 sobre narcotráfico y 2.666 de inducción al suicidio. Esa mezcla de delitos gravísimos con contenido político y de opinión en una misma ofensiva refuerza la idea de que el Kremlin utiliza el argumento del terrorismo para ampliar al máximo su control informativo.

Telegram, Durov y la larga guerra por el control de los datos

Telegram trasladó su sede a Emiratos Árabes Unidos después de que Durov rechazara colaborar con el FSB cuando vivía en Rusia, lo que ya le costó la pérdida de su anterior proyecto, la red social VKontakte. En 2020, Rusia levantó un veto previo a la plataforma después de anunciar un acuerdo de cooperación “en materia antiterrorista”, pero la ola represiva tras la invasión de Ucrania ha llevado a un nuevo choque frontal.

El caso penal es un paso más en la ofensiva rusa para subordinar por completo la plataforma o expulsarla del país, en un contexto en el que Telegram se ha convertido en una herramienta clave para la oposición, periodistas independientes y canales alternativos de información. Al mismo tiempo, el sector tecnológico ruso se mueve hacia un modelo de colaboración mucho más estrecha con el Estado: la patronal de grandes tecnológicas —incluyendo Sberbank y Yandex— ha pedido acceso a las bases de datos policiales de acusados y sospechosos para “construir sistemas antifraude más completos”.

El presidente de la comisión de tecnologías de la información de la Duma, Serguéi Boyarski, ya ha señalado que la propuesta merece un “análisis exhaustivo”, pese a los evidentes riesgos de filtraciones y de erosión de la privacidad de los ciudadanos.

Por qué importa en España y en la UE: privacidad, jurisprudencia y regulación digital

El caso Durov llega cuando varios países europeos, entre ellos España y Ucrania, se plantean restricciones o condiciones más estrictas para Telegram por la difusión de contenidos ilegales y la dificultad para actuar contra ellos. La investigación francesa contra el fundador de la plataforma y la causa penal rusa, aunque con motivaciones muy distintas, ponen en la diana el mismo problema de fondo: hasta dónde llega la responsabilidad de un servicio de mensajería sobre lo que hacen sus usuarios.

Para España y la UE, lo que ocurra con Telegram puede marcar la pauta sobre cómo aplicar las normas europeas de servicios digitales a plataformas que se sitúan a medio camino entre red social y sistema de mensajería cifrada. Cualquier decisión sobre bloqueo, limitaciones o cooperación reforzada afectará a millones de usuarios que usan la aplicación para fines legítimos —desde activismo hasta comunicación cotidiana— y abrirá debates sobre libertad de expresión, cifrado y control estatal de las comunicaciones.

Además, el modelo ruso de presión —casos penales, obligación de usar servicios controlados por los servicios secretos, acceso ampliado a bases de datos— funciona como contraejemplo en Europa, donde la discusión se centra en cómo perseguir delitos graves sin replicar prácticas de vigilancia masiva. Para el lector español, el caso Durov es, en el fondo, una advertencia de hasta qué punto la tecnología, la seguridad y las libertades civiles están entrelazadas, y de cómo las decisiones sobre una app concreta pueden anticipar cambios más amplios en la regulación digital y en la protección de datos.