El Gobierno planea «blindar la calidad» de la Formación Profesional regulando la apertura de centros privados, en pleno auge de esta modalidad educativa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles 4 de febrero de 2026 que el Ejecutivo prepara un Real Decreto para «blindar la calidad» de la Formación Profesional mediante la imposición de límites a la apertura y funcionamiento de centros privados. La medida, que se someterá a consulta pública en los próximos dos meses, busca establecer requisitos más estrictos para garantizar que los nuevos centros ofrezcan «garantías formativas y de calidad suficientes» a los estudiantes. El anuncio se produce cuando la FP privada vive un crecimiento sin precedentes en España, con uno de cada cinco alumnos cursando ya sus estudios en centros de titularidad privada.
Durante un acto institucional sobre Formación Profesional celebrado en Madrid, Sánchez ha defendido la iniciativa comparándola con las restricciones impuestas previamente a las universidades privadas. «Vamos a blindar la calidad de la Formación Profesional. Igual que hicimos con las universidades, vamos a poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantías suficientes», ha declarado el presidente. El mandatario ha señalado que el Gobierno no rechaza la existencia de centros privados, pero sí pretende evitar que algunos se conviertan en «chiringuitos donde únicamente se dan diplomas, sin ningún tipo de calidad formativa».
El anuncio del decreto llega en un momento de expansión acelerada del sector privado en la Formación Profesional española. Según datos recientes de CCOO Enseñanza, aproximadamente el 20% de los estudiantes de FP cursan sus estudios en centros privados, una proporción que se eleva hasta cerca del 40% en comunidades autónomas como el País Vasco y la Comunidad de Madrid. Este crecimiento ha sido especialmente notable en la modalidad a distancia, donde la oferta privada ha experimentado un incremento del 1.600% en los últimos cuatro años.
El boom de la FP privada en cifras
El número de alumnos matriculados en ciclos formativos de grado superior en centros privados se ha incrementado un 1.600% en los últimos años, mientras que en grado medio el aumento ha sido del 1.400%. Este crecimiento contrasta con el incremento registrado en la red pública, que apenas representa una décima parte del experimentado por el sector privado. En conjunto, la Formación Profesional en centros privados sin subvenciones se ha disparado un 468% en la última década, frente al 31% de incremento registrado en los centros públicos.
Actualmente, más de un millón de estudiantes cursan ciclos formativos en España, lo que supone un 25% más que los matriculados hace cinco años durante el curso 2017-2018. La FP ha experimentado un crecimiento global superior al 55% en la última década, impulsada por la creciente demanda del mercado laboral de profesionales con formación técnica especializada. Sin embargo, este boom no ha sido absorbido en su totalidad por la red pública de centros educativos.
La distribución de alumnos entre la red pública y privada ha sufrido una transformación significativa. Hace diez años, el 80% de los estudiantes de FP estaban matriculados en centros públicos, mientras que actualmente esta proporción se ha reducido hasta aproximadamente dos tercios del total. La modalidad a distancia ha sido el espacio donde el sector privado ha conseguido su mayor penetración, superando ya en número de alumnos a la oferta pública en los ciclos formativos no presenciales.
La escasez de plazas públicas impulsa el crecimiento privado
Según el análisis de CCOO Enseñanza, la escasez de plazas en la red pública constituye el principal factor que empuja a los estudiantes hacia los centros privados. La oferta pública no ha logrado satisfacer la creciente demanda de formación profesional, creando un déficit estructural que el sector privado ha aprovechado para expandirse rápidamente. Esta situación genera una brecha de acceso basada en la capacidad económica de las familias, dado que estudiar en un centro público es gratuito en casi toda España mientras que en la privada la factura oscila entre 2.500 y 6.000 euros anuales.
Desde 2021, el número de centros privados de FP de grado superior que han abierto en España se ha multiplicado por cuatro, evidenciando el dinamismo inversor del sector. Esta proliferación de nuevos centros ha generado preocupación en el Gobierno sobre la calidad y las garantías formativas que ofrecen algunas de estas instituciones, especialmente aquellas enfocadas en la modalidad online. El Ejecutivo considera que muchos de estos centros carecen de la conexión real con el tejido productivo que caracteriza a los centros públicos.
El presidente Sánchez ha subrayado que es necesario «gobernar el éxito de la FP» ante los riesgos de que esta educación se «desordene» con la entrada masiva de centros privados que no cumplan estándares de calidad. El mandatario ha insistido en que en ocasiones estos centros no vienen acompañados de la misma conexión con las empresas que los públicos, por lo que considera imprescindible «poner orden y velar por la equidad en el acceso y en la calidad».
Contenido y calendario del futuro Real Decreto
El Real Decreto anunciado establecerá requisitos más estrictos para la apertura de nuevos centros privados de Formación Profesional y para el funcionamiento de los existentes. Aunque el Gobierno no ha detallado aún el contenido específico de la norma, se prevé que incluya exigencias relacionadas con las instalaciones, el profesorado, la vinculación con empresas del sector y los sistemas de evaluación y control de calidad. El objetivo declarado es garantizar que los centros privados cumplan con estándares equiparables a los de la red pública en términos de calidad formativa y empleabilidad de los titulados.
El texto normativo se someterá a consulta pública en los próximos dos meses antes de su aprobación definitiva, lo que sitúa su entrada en vigor previsiblemente en el segundo trimestre de 2026. Durante este periodo, los actores del sector educativo, las organizaciones empresariales, los sindicatos y las comunidades autónomas tendrán oportunidad de presentar alegaciones y propuestas sobre el contenido del decreto. El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes será el responsable de coordinar este proceso de consulta y de redactar el texto definitivo.
La regulación prevista por el Gobierno sigue el modelo aplicado recientemente a las universidades privadas, donde se establecieron requisitos más exigentes para la apertura de nuevos centros y para la acreditación de titulaciones. En aquel caso, la normativa generó controversia entre las instituciones privadas, que denunciaron un exceso de intervencionismo estatal y una competencia desleal favorecida por el acceso preferente de la red pública a financiación y recursos.
Anuncio de nuevos Centros de Excelencia en FP
Junto al decreto regulador, Pedro Sánchez ha anunciado la creación de diez nuevos Centros de Excelencia de Formación Profesional a lo largo de 2026. Estas infraestructuras educativas, dotadas con equipamiento tecnológico avanzado y con una vinculación reforzada con las empresas líderes de cada sector, se sumarán a la red existente para ofrecer formación de vanguardia en áreas estratégicas. Los Centros de Excelencia se caracterizan por impartir enseñanzas adaptadas a las necesidades del tejido productivo local y por desarrollar proyectos de innovación aplicada en colaboración con compañías.
Adicionalmente, el Gobierno ha comprometido la ampliación de la red de Centros de Referencia Nacional en sectores estratégicos para la economía española. Estos centros especializados actúan como nodos de conocimiento y experimentación en ámbitos como la automoción, las energías renovables, la industria 4.0, la agroalimentación o el turismo, entre otros. Su función incluye tanto la formación de estudiantes como la actualización profesional de trabajadores en activo y el desarrollo de proyectos de investigación aplicada.
El presidente ha defendido estas iniciativas como parte de una estrategia integral para consolidar la FP como «la gran apuesta educativa de España para responder a las demandas del mercado laboral del siglo XXI». Sánchez ha subrayado que el objetivo del Gobierno es compatibilizar el crecimiento cuantitativo de la oferta formativa con el mantenimiento de estándares rigurosos de calidad, garantizando que todos los estudiantes, independientemente de su capacidad económica, tengan acceso a una formación profesional de excelencia.
Reacciones del sector educativo y las comunidades autónomas
La Asociación de Centros de Formación Profesional (Acfp) ha manifestado su preocupación por el anuncio del decreto regulador, argumentando que podría frenar la inversión privada en un sector que necesita expandirse para atender la demanda creciente. Representantes del sector privado sostienen que su oferta ha crecido precisamente para cubrir el déficit de plazas públicas y que la solución no pasa por limitar la apertura de centros, sino por aumentar la financiación pública para ampliar la red estatal.
Los sindicatos de enseñanza, por su parte, han respaldado la iniciativa del Gobierno al considerar que es necesario establecer mecanismos de control que garanticen la calidad de la formación y eviten prácticas mercantilistas en el sector. CCOO y UGT han reclamado que el decreto incluya requisitos estrictos sobre la cualificación del profesorado, las ratios de alumnos por aula, las instalaciones y el compromiso efectivo con la formación en centros de trabajo.
Algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y Ciudadanos han expresado reservas sobre la medida, alegando que invade competencias autonómicas en materia educativa y que podría limitar su capacidad para desarrollar políticas propias de FP adaptadas a las necesidades de sus territorios. Madrid y País Vasco, las dos regiones con mayor penetración de la FP privada, han advertido que cualquier regulación debe respetar el marco competencial y evitar un enfoque excesivamente uniformizador.
