Trump desmantela las normas de gases de efecto invernadero en EE UU: qué ha decidido, qué cambia y por qué afecta también a España y la UE

Qué ha hecho exactamente Trump con la regulación climática

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la eliminación de todas las normas federales que limitaban las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos, vigentes para modelos fabricados entre 2012 y 2027 y años posteriores. Para justificarlo, ha revocado el llamado “dictamen de peligro” de 2009, un informe clave aprobado bajo Barack Obama que certificaba que seis grandes gases de efecto invernadero emitidos por motores de combustión eran dañinos para la salud y el clima, y que servía de base legal a buena parte de la acción climática de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Trump presenta el movimiento como “la mayor acción de desregulación de la historia estadounidense” y promete que reducirá el coste medio de un coche nuevo en casi 3.000 dólares, asegurando ahorros de hasta 1,3 billones de dólares para consumidores y contribuyentes. La EPA, dirigida por Lee Zeldin, ha completado el proceso administrativo para dejar sin efecto la obligación de medir, informar, certificar y cumplir normas federales de emisiones de gases de efecto invernadero para los automóviles, aunque de momento la medida no se aplica a centrales eléctricas y otras fuentes industriales fijas.

Claves políticas: negacionismo climático, industria del automóvil y guerra cultural

La decisión cierra el giro climático emprendido por Trump desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, que ya había incluido la segunda retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París y el anuncio de revisar una treintena de normas sobre contaminación atmosférica. El propio presidente ha reiterado que considera el cambio climático un “engaño” y convierte la política ambiental en otro frente central de su guerra cultural, alineándose con sectores del Partido Republicano que ven en la desregulación un elemento de identidad ideológica.

Para la industria del automóvil, la revocación supone liberarse de un marco que incentivaba el coche eléctrico y las mejoras de eficiencia, impulsado durante la presidencia de Joe Biden a través de generosas bonificaciones fiscales. Con la eliminación de esas ayudas y de las normas de emisiones, se debilita el intento de que Estados Unidos compita con China en la fabricación de vehículos eléctricos, mientras figuras como Elon Musk se distancian del negocio del coche y se centran en otros sectores tecnológicos.

Al interior de la EPA, la medida se presenta como la “política climática más trascendental de los últimos 15 años”, según Zeldin, pero expertos legales advierten que puede reabrir la puerta a demandas por “molestias públicas” contra grandes contaminadores, un camino que el Tribunal Supremo había limitado precisamente cuando la regulación federal era clara. Es decir, al desmontar el paraguas normativo de la EPA, el Gobierno puede terminar generando más litigios y una mayor incertidumbre jurídica para la propia industria que dice querer proteger.

Consecuencias climáticas y económicas: más emisiones, menos señal de mercado

La revocación del dictamen de peligro vacía de contenido uno de los pilares de la Ley de Aire Limpio de 1963 en lo relativo a gases de efecto invernadero, al eliminar en la práctica el mandato para reducir dióxido de carbono, metano y otros cuatro gases que retienen el calor procedente de vehículos, centrales y otras instalaciones. Según datos de la propia EPA, el transporte y la energía son responsables cada uno de aproximadamente una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos, por lo que debilitar la regulación sobre uno de esos pilares tiene impacto global en los esfuerzos para contener el calentamiento.

Más allá del CO₂, el golpe afecta a la señal de mercado que empujaba a fabricantes y consumidores hacia tecnologías más limpias y eficientes. Al abaratar vehículos de combustión sin exigir recortes de emisiones, la Administración Trump incentiva mantener una flota fuertemente dependiente de combustibles fósiles y ralentiza la transición hacia el coche eléctrico y la infraestructura asociada, con efectos en inversión, empleo y competitividad frente a Europa y Asia.

El mensaje político también pesa: que el mayor emisor histórico de gases de efecto invernadero desmantele su principal instrumento regulatorio debilita las negociaciones internacionales e invita a otros gobiernos a relajar compromisos si perciben que Washington se descuelga de la carrera climática. En términos diplomáticos, la decisión consolida la imagen de Estados Unidos como actor poco fiable en materia de clima, alternando avances y retrocesos radicales según el inquilino de la Casa Blanca.

Por qué importa en España y la UE: clima, industria y geopolítica

Para España, la decisión complica el objetivo de limitar el aumento de temperatura global y pone más presión sobre la UE, que tendrá que asumir una mayor cuota de liderazgo climático mientras compite industrialmente con un socio que abarata el uso de combustibles fósiles. En la práctica, si Estados Unidos relaja sus estándares, las exportaciones europeas de vehículos y tecnologías verdes pueden enfrentar una competencia desleal de productos estadounidenses más contaminantes pero más baratos.

En el plano geopolítico, la retirada de Washington del Acuerdo de París y el desmantelamiento de la regulación interna refuerzan el papel de China como posible referente en sectores como el coche eléctrico o las renovables, al tiempo que debilitan la coordinación trasatlántica en foros como las cumbres del clima de la ONU. España, que ha apostado por convertirse en hub de energías renovables y por electrificar su parque móvil, deberá moverse en un entorno donde uno de los grandes actores globales avanza en sentido contrario, lo que puede afectar a precios energéticos, inversiones y alianzas tecnológicas.

Además, la decisión de Trump alimenta el relato de las fuerzas negacionistas o climatoescépticas en Europa, que pueden usar el ejemplo estadounidense para cuestionar normativas comunitarias sobre emisiones, agricultura o transporte. Esto abre un debate político directo en España, donde medidas como las zonas de bajas emisiones, el fin de los coches de combustión o los objetivos renovables ya afrontan resistencias y forman parte de la pugna entre bloques ideológicos.

Qué viene ahora: batalla en los tribunales y en las urnas

La magnitud de la revocación augura una oleada de recursos de organizaciones ecologistas, estados gobernados por demócratas y posiblemente grandes ciudades, que ya se han movilizado en el pasado contra otras decisiones ambientales de Trump. La discusión jurídica se centrará en si la EPA puede desoír por completo la evidencia científica y renunciar a usar la Ley de Aire Limpio para limitar gases que la propia agencia reconocía como peligrosos.

En el plano político, la decisión se convierte en munición de primer orden para el debate interno estadounidense de cara a futuras elecciones presidenciales y legislativas. Un posible cambio de administración en Washington podría volver a girar el timón, lo que deja a empresas y socios internacionales en un escenario de enorme volatilidad regulatoria.

Para España y la UE, la respuesta pasa por reforzar la propia agenda climática —pese a las turbulencias internas— y, en paralelo, buscar acuerdos con otros socios dispuestos a mantener el pulso en materia de reducción de emisiones. En un mundo donde Estados Unidos oscila entre el liderazgo y el bloqueo climático, la capacidad europea para sostener una política coherente será un elemento clave tanto para el clima como para la competitividad de su industria.