El responsable de Acciona en la zona norte se desmarca de las sospechas sobre Belate
Eduardo Montes, gerente del Departamento de Zona Norte de Acciona Construcción, ha negado ante la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que en la adjudicación de las obras de duplicación del túnel de Belate hubiera mordidas, trato de favor del Gobierno foral o indicios de corrupción conocidos por la empresa.
Montes ha defendido que la participación de Servinabar en varias uniones temporales de empresas (UTE), incluida la de Belate, respondía a aportaciones de “conocimiento del medio” y de personal técnico, y ha insistido en que es habitual en el sector que grandes constructoras cedan porcentajes superiores al peso real de cada socio sin que ello implique irregularidad.
Qué ha pasado en la comisión de Navarra
La comparecencia de Montes se enmarca en la comisión que investiga adjudicaciones públicas en Navarra, con foco en las obras del túnel de Belate y en el papel de Servinabar, sociedad vinculada en un informe de la UCO al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Ante los grupos, el directivo ha asegurado que en la obra de Belate “jamás” se pagó una mordida y que, en su experiencia, la UTE Acciona–Servinabar–Osés no recibió un trato más flexible por parte del Gobierno navarro que otras empresas.
Montes ha explicado que llegó a Acciona Construcción en 2016 y que, cuando empezó a trabajar en Navarra en 2019, Servinabar ya participaba como socio en al menos dos UTE para obras como viviendas en Erripagaña y la reforma del Archivo de Navarra, aportando personal, seguridad y control de calidad e incluso jefes de obra en algunas actuaciones.
El portavoz de UPN, Javier Esparza, le ha interrogado sobre por qué Servinabar tenía un 15% de la UTE de Belate pese a aportar solo dos trabajadores, a lo que Montes ha respondido que es una práctica extendida que las grandes compañías cedan porcentajes mayores a socios menores, y que él ha visto casos en los que otras empresas ponen incluso menos personal.
Claves jurídicas y políticas: UTE, reparto de porcentajes y “conocimiento del medio”
Montes ha subrayado que las decisiones sobre la configuración de las UTE en Navarra recaían en su superior, Tomás Olarte, exdirector de la zona norte de Acciona Construcción e investigado por el Tribunal Supremo, y que su papel se limitaba a la ejecución de obra, recibiendo instrucciones para comunicar acuerdos a otros socios, como Osés Construcción.
En este sentido, ha confirmado que fue él quien trasladó a Osés la entrada de Servinabar en la UTE de Belate porque así se lo indicó Olarte, pero ha precisado que no intervenía en la negociación de porcentajes ni en la decisión de incorporar a esa empresa.
Sobre la participación del 15% de Servinabar en la UTE de Belate, Montes ha defendido que el reparto de porcentajes no siempre refleja el número de trabajadores, sino otros factores como el conocimiento del mercado local, la experiencia previa o la asunción de determinadas responsabilidades técnicas.
El directivo también ha remarcado que Servinabar “no era imprescindible” para ejecutar la obra y que Acciona habría podido asumirla en solitario, una afirmación relevante para valorar hasta qué punto su presencia respondía a necesidades técnicas o a decisiones empresariales y políticas más complejas.
Contexto del caso Belate y el papel de Servinabar
La comisión de investigación se desarrolla en un contexto de fuerte polémica por el informe de la UCO que vincula a Santos Cerdán con un 45% de Servinabar, extremo que Montes ha asegurado desconocer por completo y que le habría sorprendido “una barbaridad”.
El caso también salpica a Tomás Olarte, el exresponsable de la zona norte de Acciona Construcción, investigado por el Tribunal Supremo, cuya firma figura en todos los acuerdos de UTE según ha explicado Montes, que ha insistido en que las decisiones de alianza se tomaban por encima de su rango.
Durante la sesión se ha puesto de relieve que la UTE de Belate se constituyó un mes antes de que se licitara formalmente la obra, algo que el compareciente ha justificado como habitual, alegando que las administraciones suelen avisar con antelación a la Comisión Europea de las licitaciones y que el proyecto de los túneles estaba “todos los días en los periódicos”.
Montes ha reiterado que no percibió trato de favor por parte del Gobierno navarro hacia la UTE y que nunca tuvo la sensación de que sus contratos o modificados fueran mirados con mayor indulgencia que los de otros operadores.
El modificado de Belate: sobrecoste y debate técnico
Uno de los puntos más sensibles es el modificado del contrato de Belate, que suponía un aumento de 8,5 millones de euros y sobre el que la Intervención General del Gobierno de Navarra llegó a emitir un reparo suspensivo, señalando dudas sobre su encaje legal.
Frente a esas objeciones, Montes ha defendido que el modificado era “técnicamente irreprochable”, ha apuntado que incluía unidades que se suprimían y generaban ahorro en algunas partidas y ha llegado a afirmar que sería “un milagro” que el desvío económico total de la obra se quedara en el 11% previsto, considerando esa cifra casi un éxito con el 80% de la excavación ya ejecutada.
También ha aprovechado para subrayar que, en algunos casos, los redactores de proyectos pueden ser responsables de errores iniciales que luego obligan a ajustar las obras mediante modificados, trasladando así parte del foco a las fases de diseño y planificación.
Por qué importa en España: contratos públicos, grandes constructoras y política
El caso Belate toca tres nervios sensibles a escala estatal: la relación entre grandes constructoras y empresas locales en UTE, el control de los sobrecostes en la obra pública y las posibles conexiones entre adjudicaciones y figuras políticas de primer nivel.
Para el lector español, la comparecencia de un directivo de Acciona que niega mordidas y trato de favor, mientras la UCO sitúa a un dirigente del PSOE como posible beneficiario de una empresa socia, ejemplifica el choque entre la versión empresarial y las sospechas judiciales y mediáticas que rodean algunos grandes contratos.
Además, la defensa de prácticas “habituales” como constituir UTE antes de la licitación, repartir porcentajes desiguales o delegar jefes de obra en socios locales abre el debate sobre dónde acaba la normalidad del sector y dónde empiezan las zonas grises que pueden facilitar redes de influencia o de comisiones.
En un momento de alta sensibilidad social con la corrupción y el uso de fondos públicos, la investigación sobre Belate y la posición de empresas como Acciona o Servinabar pueden alimentar reformas en transparencia, límites a modificados y control de la composición de las UTE.
Impacto político y reputacional
La causa tiene consecuencias directas para la política navarra y nacional, porque la figura de Santos Cerdán está en el centro del tablero estatal y su supuesta vinculación societaria con Servinabar, negada por él y cuestionada en sede judicial, es un arma que la oposición intentará explotar.
Para el sector constructor, la imagen de que grandes firmas “ceden” porcentajes a empresas medianas o pequeñas que aportan poco personal, en un contexto de investigaciones penales, puede erosionar la confianza ciudadana en los concursos públicos y en la imparcialidad de las adjudicaciones.
También se refuerza el escrutinio sobre los modificados de obra y los desvíos presupuestarios, un terreno donde la línea entre necesidad técnica y oportunidad para inflar contratos ha sido objeto de polémica en numerosos proyectos de infraestructuras en España.
Qué debe saber el lector en España
Primero, que Eduardo Montes defiende que la actuación de Acciona Construcción en Belate y en otras obras de Navarra se ajustó a la práctica habitual del sector y niega de forma tajante mordidas o beneficios indebidos, trasladando las decisiones clave de las UTE a niveles superiores de la compañía.
Segundo, que la comisión navarra no juzga todavía responsabilidades penales, pero sí está destapando cómo se estructuran las alianzas entre empresas, cómo se reparten porcentajes y cómo se manejan modificados multimillonarios, cuestiones que afectan a cualquier gran obra pública en España.
Tercero, que el caso se entrelaza con el futuro político de figuras nacionales como Santos Cerdán y con investigaciones del Tribunal Supremo, por lo que sus derivadas pueden ir más allá de Navarra y condicionar el debate estatal sobre corrupción, financiación y contratos públicos.
Y, por último, que el desenlace de Belate puede servir de catalizador para reforzar controles: mayor transparencia en las UTE, límites más estrictos a los sobrecostes y una revisión de la responsabilidad de redactores de proyectos, administraciones y empresas para que la obra pública sea más segura y menos sospechosa a ojos del ciudadano.
