Pagos irregulares en la Renta Social Garantizada en Baleares superan 1,3 millones de euros: revisión y control exhaustivo de Resoga

El Govern balear ha abonado al menos 1,3 millones de euros a beneficiarios de la Renta Social Garantizada (Resoga) que no cumplían con los requisitos establecidos para recibir esta ayuda, destinada a cubrir situaciones de especial vulnerabilidad social. Además, existen miles de expedientes aún pendientes de revisión que podrían elevar la cifra total a casi 2,5 millones de euros, según las estimaciones realizadas por la Conselleria de Famílies i Benestar Social. El departamento ya ha iniciado los trámites para solicitar el reintegro en cientos de casos y ha extinguido la prestación en más de 2.000 expedientes.

Inicio y desarrollo de la revisión del sistema Resoga

Hace dos años, la Conselleria comenzó un exhaustivo examen del sistema de control de la Resoga, acompañado de una revisión extraordinaria de casos sospechosos. La anterior consellera de Afers Socials, Catalina Cirer, reveló a principios de 2024 que se habían detectado posibles irregularidades, tales como beneficiarios que percibían la renta social mientras trabajaban o recibían otros ingresos incompatibles con la prestación. Para profundizar en estas sospechas, se encargó una auditoría interna que ha confirmado múltiples deficiencias en los sistemas de gestión y control, documentadas en un informe al que ha tenido acceso Última Hora.

Deficiencias detectadas en el sistema de gestión

Entre los fallos señalados, la auditoría destaca que la herramienta informática utilizada por la Conselleria es claramente mejorable. Se advierte que no se realizan comprobaciones sistemáticas, no solo para verificar que los beneficiarios cumplen los requisitos en el momento de conceder la prestación, sino también para asegurar que los mantienen posteriormente.

Esta aplicación informática ha tenido dos versiones principales: la primera, Resoga16, y una segunda más moderna, Resoga20. Para ambas versiones se realizaron cruces de datos con la Seguridad Social, lo que permitió detectar altas laborales y el cobro simultáneo del Ingreso Mínimo Vital (IMV), pensiones y otras prestaciones. Estos emparejamientos de registros provocaron la suspensión masiva de miles de expedientes: 2.380 en diciembre de 2022 (correspondientes a Resoga16) y 4.570 en los meses de junio, julio y agosto de 2023 (de Resoga20).

Otra irregularidad destacada en el informe es que todos estos expedientes fueron suspendidos de facto, sin que se dictaran las resoluciones correspondientes ni se notificara a los afectados, lo que generó una situación de incertidumbre para muchos beneficiarios.

Apoyo externo para la revisión de expedientes

La Conselleria inició una revisión individualizada de todos estos expedientes. El equipo ya ha completado la primera fase, correspondiente a la base de datos del aplicativo Resoga16, detectando cobros indebidos en 667 casos que suman aproximadamente 211.000 euros.

Quedan pendientes otros 4.057 expedientes (excluyendo los que se solapaban con los del sistema antiguo), un volumen de trabajo tan elevado que la Conselleria ha decidido externalizar parte del análisis. Una consultora privada se encargará de revisar cerca de 3.000 expedientes en los próximos meses y presentará sus conclusiones a la administración.

Este reparto de tareas deja a la administración otros 249 expedientes en revisión, con un importe estimado de reintegro de unos 124.000 euros, y 836 expedientes ya revisados, confirmando pagos irregulares por un total de 1,17 millones de euros.

Causas y contexto de las suspensiones

Las razones para la suspensión de estos expedientes son diversas. Algunas circunstancias son difíciles de detectar para las autoridades, como ausencias no comunicadas de las Islas Baleares o ingresos no declarados provenientes de la economía sumergida. No siempre existe mala fe: en muchos casos, los beneficiarios desconocen que están incurriendo en irregularidades, pues creen cumplir con los requisitos. En la Conselleria recuerdan que durante un periodo fue posible acceder a la prestación mediante una declaración responsable.

Análisis detallado de una muestra de expedientes

El informe de fiscalización examinó una muestra de 30 expedientes suspendidos para su análisis en profundidad. Aunque no es una muestra estadísticamente representativa, el informe la considera relevante. La auditoría constató que en buena parte de estos casos los beneficiarios percibían otros ingresos:

• 27 % procedentes de actividades laborales
• 27 % del Ingreso Mínimo Vital (IMV)
• 13 % de otras prestaciones

Sin embargo, el motivo mayoritario de suspensión (en un 47 % de los casos) fue la no asistencia a las sesiones grupales destinadas a comprobar que se mantiene la residencia en Baleares.

Críticas a la gestión y aplicación legal

El informe también critica a la Conselleria por no haber aplicado el régimen sancionador, que podría implicar multas para los infractores, y cuestiona la correcta utilización de un artículo de la ley que exime a los beneficiarios de devolver cantidades cuando los ingresos anuales de la unidad de convivencia no superan el 150 % de la prestación.

Esta situación ha generado un debate sobre la gestión y control de la Renta Social Garantizada en Baleares, subrayando la necesidad de mejorar los sistemas de supervisión y la comunicación con los beneficiarios para evitar irregularidades y garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.