El Tribunal Supremo impone condena al fiscal general del Estado
El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación especial para el cargo y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. Además, dicta que García Ortiz deberá indemnizar con 10.000 euros por daños morales a Alberto González Amador, empresario procesado por fraude a Hacienda y pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La sentencia se adoptó por mayoría: cinco magistrados de los siete firmaron la condena, mientras que Ana Ferrer y Susana Polo formularán voto particular. Polo, inicialmente ponente de la sentencia, había propuesto la absolución; la redacción del fallo la asume ahora el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta. El Supremo solo ha adelantado la decisión; la sentencia definitiva aún está pendiente de redactarse.
Un proceso judicial insólito contra el fiscal general
El juicio a García Ortiz, celebrado entre el 3 y el 13 de noviembre, abordó la filtración de un correo enviado por el abogado de González Amador a la Fiscalía, en el que el letrado admitía dos delitos fiscales e intentaba pactar con la Fiscalía. El Supremo concluyó en su fallo:
“Que debemos condenar y condenamos a D. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil se declara que el condenado deberá indemnizar a D. Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales. Le absolvemos del resto de los delitos objeto de la acusación.”
Las acusaciones populares solicitaban penas de prisión de entre cuatro y seis años y hasta 12 de inhabilitación, pero el tribunal se quedó en la mitad de la horquilla del tipo básico, con dos años de inhabilitación.
Contexto y reacción ante la condena
La decisión del Supremo, tomada con inusual rapidez, deja a García Ortiz fuera del cargo y solo admite un incidente de nulidad como posible recurso extraordinario. Las posibilidades de éxito son escasas y, agotada esta vía, solo quedaría el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si se consideraran derechos vulnerados.
García Ortiz, que se mantuvo firme en su defensa durante el juicio, negó haber filtrado el correo electrónico y aseguró: “La verdad no se filtra, la verdad se defiende”. La condena surtirá efecto a partir de la notificación oficial de la sentencia final.
Declaraciones y testigos en el proceso
Durante el juicio declararon 40 testigos, entre ellos González Amador, responsables políticos, asesores y 12 periodistas. Algunos testigos ratificaron que sabían del pacto y la admisión de delitos antes de que el fiscal general recibiera el correo y tres aseguraron haber tenido acceso al mismo por vías diferentes a García Ortiz. Todos se acogieron al secreto profesional y el tribunal otorgó validez limitada a estos testimonios.
La filtración y sus repercusiones
La causa contra García Ortiz, la primera de este calibre contra un fiscal general, se centró en la difusión del correo y una nota de prensa en la que se exponía que González Amador había reconocido delitos fiscales. La polémica estuvo alimentada por versiones enfrentadas entre el entorno de Ayuso y el ministerio público.
La sentencia exonera a García Ortiz de otros delitos atribuidos por las acusaciones, como prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos.
